Entre el 6 y el 8 de septiembre, la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) llevó a cabo en Bogotá su encuentro nacional, que realiza anualmente para la trazabilidad de una hoja de ruta para los siguientes meses. El espacio contó con la participación del equipo técnico y de 21 coordinadores departamentales, quienes este año enfocaron sus esfuerzos en los retos y perspectivas del posconflicto.
Ante el actual escenario de refrendación del acuerdo final de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, que se llevará a cabo mediante el plebiscito del próximo 2 de octubre, la CCCM encara esta nueva etapa con una apuesta clara al SÍ a la paz como la oportunidad de empezar a construir una verdadera Colombia sin minas.
En ese sentido, en el encuentro se trabajó en la socialización de todos los puntos del acuerdo final mediante videos sencillos e ilustrativos, al tiempo que se expusieron dudas, mitos y realidades presentes en las distintas regiones del país.
Uno de los temas que más preocupa es el de la impunidad. Por ello, se explicó que los acuerdos recogen un sistema de justicia transicional, por el cual deberán pasar todos los miembros de las FARC una vez dejen las armas. Solo el delito de rebelión será amnistiado, mientras que los responsables de delitos de lesa humanidad quedarán excluidos de este trato diferencial.
En cuanto a la pena, esta estará ligada a la colaboración del excombatiente a la contribución a la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Incluso, se expuso que dicho sistema judicial fue aplaudido por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien manifestó claramente que dicho sistema no avalaba la impunidad en el país.
Por su parte, el director de la CCCM, Álvaro Jiménez Millán, fue enfático en las oportunidades y retos que se presentarán de aprobarse el acuerdo final. Defendió que la guerra debe terminar para que no haya más siembra de minas antipersonal y, por lo tanto, menos víctimas. Resaltó además cómo, a pesar de las dificultades, la vida del campesino florece allí donde no ha habido conflicto desde hace tiempo.
Sin embargo, reconoció que el reto que se aproxima es grande y que debe ser manejado con cautela. Resaltó la importancia de la participación de las FARC en las labores de desminado, tales como informar de la localización de minas antipersonal. Esto es algo que Jiménez Millán consideró debe darse de inmediato para garantizar el retorno de los campesinos a sus fincas, y como garantía para la restitución efectiva de tierras.
Cabe recordar que el pasado mes de julio, la CCCM fue acreditada como operador de desminado humanitario, convirtiéndose en la primera organización civil colombiana en conseguirlo. De ahí que los retos que se presentan en los departamentos para iniciar dichas tareas lo antes posible sean grandes.
Y es que las víctimas de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) no cesan. Aunque, en general, hubo una disminución en el número de incidentes y accidentes en todo el país en lo corrido de este año, los coordinadores departamentales alertaron que estos hechos siguen presentándose. Concretamente, hubo registros en Cesar, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena Medio, Arauca, Antioquia y Chocó, siendo este último departamento, no priorizado por la DAICMA para el desminado humanitario, el más afectado con 41 eventos, 8 accidentes y 1 civil muerto. Esto contrasta con la ausencia de eventos en los últimos años en regiones como los Montes de María, el Magdalena o Caldas.
Por todo ello, los coordinadores expusieron la necesidad de seguir implementando talleres de Educación en el Riesgo de Minas en los territorios, como medida preventiva de difusión de comportamientos seguros, hasta que el desminado humanitario se haga efectivo en las comunidades.
Otro reto importante es crear confianza entre la población y la institucionalidad, y que esta última llegue a los 48 municipios priorizados para quedarse y hacer presencia permanente con opciones educativas, de salud, de empleo e infraestructura. Todo ello de la mano del desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a derechos básicos.
Todas las regiones coinciden en que una mayor inversión social y mejoras en el campo, además de mayor presencia estatal y construcción de comunicaciones, son las más grandes oportunidades que traería el fin del conflicto. Por el contrario, dieron cuenta de amenazas, como el resurgimiento de otros grupos armados ilegales, la continuación de hechos victimizantes y la violencia ejercida contra las poblaciones por parte de estos terceros actores. Llama la atención que, en ciertos territorios como Putumayo, estas amenazas también provengan de los grandes proyectos minero-energéticos, los cuales tendrían vía libre para explotar los recursos naturales sin la presencia antagónica de las FARC.
Ante este contexto de incertidumbre, el director de la CCCM concluyó que el acuerdo final no es una fórmula mágica que traerá estas transformaciones, sino una oportunidad para cambiar como sociedad, para dejar atrás una historia de venganzas, odios y tristezas y transformarla en una historia de paz y reconciliación.
Es por esto que insistió en que la CCCM debe empezar a promover el SÍ en las regiones mediante un taller departamental, preferiblemente en la capital, dirigido a unas 20 personas, que después se conviertan en multiplicadoras de la información. En suma, apostó por que la CCCM active la participación de las regiones ante esta trascendental decisión que todos debemos tomar.
A modo de conclusión, las distintas regiones intercambiaron visiones alrededor de la paz territorial para definir su ruta y empezar a aplicar dichas medidas en sus departamentos. Se consensuó que la paz territorial es un enfoque para aproximarse a la realidad y consiste en siete ideas principales:
1. Está interrelacionada con el desarrollo.
2. El desarrollo es entendido como el aumento de las capacidades del Estado, de las organizaciones y de los ciudadanos para que desarrollen su propio proyecto de vida.
3. El aumento de las libertades y de las capacidades conduce a un aumento en el acceso a los derechos.
4. No hay recetas uniformes. Es decir, no hay una única forma de desarrollo ni de construir un proceso colectivo y comunitario ni de vivir. Por lo tanto, la solución a los problemas se adapta y cambian según el contexto.
5. Debe primar el enfoque territorial sobre el sectorial; este último debe ajustarse al primero.
6. Fortalecer la descentralización en términos de bienestar hacia las regiones.
7. Gran apuesta por la participación ciudadana, entendida a partir de tres componentes: deliberar, llegar a un acuerdo y construir colectivamente.