Esta frase refleja la exigencia de la sociedad civil que se trabaje en La Habana sobre un acuerdo especial de minas antipersonal que permita mitigar el impacto de estas armas en la población mientras llega el fin definitivo del conflicto.
La frase marcó el inicio de la intervención de la Campaña Colombiana Contra Minas en una reunión realizada el pasado 21 y 22 de junio en el colegio Calasanz de Cúcuta, Norte de Santander. Allí, diferentes sectores de la sociedad civil se reunieron para debatir y aportar sobre el tema de los derechos de las víctimas.
Los coordinadores departamentales de la CCCM de Arauca, Norte de Santander y Santander estuvieron presentes y reiteraron nuevamente la necesidad que el gobierno y las Farc lleguen a un acuerdo especial en torno a las minas en el marco de los diálogos de paz que se están desarrollando en la capital cubana.
Entre las propuestas planteadas también se habló de un Centro de Memoria Histórica para conmemorar y rendir homenaje a las más de 10.000 víctimas de minas que se han registrado en Colombia. Este Centro estaría basado en la granja de víctimas de minas que funciona desde hace 5 años en Girón, Santander.
Ante la negativa de la dejación de armas por parte de las Farc, la delegación de la CCCM solicitó el apoyo de la ONG Llamamiento de Ginebra, para que nuevamente explore la posibilidad de firma con los actores armados no estatales un acuerdo de entrega de fábricas de artefactos explosivos de cada uno de los frentes con el compromiso de dejar esta prácticas de fabricación, utilización y transporte de artefactos explosivos.
Lo anterior constituiría para las Farc una salida a la entrega de armas proscritas por el DIH, no ante el Estado, sino a la comunidad internacional.
En el foro se plantearon otros temas relevantes como la no utilización de civiles en la erradicación de cultivos ilícitos, la posición de la sociedad civil frente a la aplicación de justicia a los victimarios, las oportunidades laborales para los ex combatientes en labores de desminado humanitario y beneficios jurídicos para quienes entreguen mapas efectivos para la localización de minas.