“Lamentablemente, Colombia es el segundo Estado Parte -de la Convención de Ottawa- con el mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial: 10.751 víctimas registradas desde 1990 hasta 31 de mayo de 2014 – según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) -. De ahí la importancia que tiene para el país la asistencia a las víctimas”.
Así lo expresó la delegación colombiana al presentar las actualizaciones del programa de asistencia a víctimas de minas antipersonal, en la Tercera Conferencia de Revisión del Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersonal, evento que se realizó la semana pasada en Maputo, Mozambique.
“Hemos tenido importantes avances gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. No obstante, por la magnitud del problema – de las minas antipersonal-, es importante seguir contando con el decidido apoyo de la comunidad internacional en este pilar de la Convención”, se lee en el documento fechado el 24 de junio.
Colombia reconoció ante los 161 Estados Parte del Tratado que “somos un país donde persiste el uso sistemático de minas y artefactos improvisados por parte de grupos armados ilegales”. Por ello, son primordiales los apoyos dados a los procesos de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), entre otros, para reducir los daños ocasionados en la población civil por la presencia de estos artefactos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La delegación colombiana hizo un llamado a los Estado, a las organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales para seguir contando con el apoyo “de los socios en la materia”.
Las minas antipersonal son un obstáculo para el desarrollo
El Estado colombiano reconoce claramente en el documento que las minas antipersonal son un obstáculo para el desarrollo, ya que “impiden el uso productivo de la tierra e imposibilitan el acceso a bienes y servicios. Esto atañe, en concreto, el ejercicio de los derechos fundamentales de la población rural.”
De ahí la importancia – expresó la delegación – de que la cooperación y asistencia en la acción integral contra las minas antipersonal ya no sea concebida como en el pasado, como una cuestión estrictamente humanitaria, sino que ahora también sea entendida como parte de la cooperación para el desarrollo humano.
Cooperación y asistencia internacional
La cooperación y asistencia internacional, consagradas en el artículo 6 de la Convención de Ottawa, son un componente central de este instrumento jurídico mundial, expresó la delegación colombiano al tiempo que explicó que ese artículo fijó un enfoque equilibrado y compartido en la lucha contra las minas: “Equilibrado, porque recae sobre todos los Estados Parte y compartido porque todos deben apoyar los esfuerzos en la materia, los que cuentan con capacidad financiera y técnica de apoyo, así como los que han sido afectados por esta problemática intercambiando experiencias y lecciones”.
De acuerdo con el Banco Mundial, los Estados Parte afectados por minas antipersonal y donde hay víctimas de estos artefactos son países de renta baja o media. De ahí la importancia del enfoque equilibrado y compartido, pues se reconoce que el apoyo de los Estados Parte no es accesorio, sino trascendental para aquellos que, como Colombia, sufren el flagelo de las minas y, en general, para la Convención.
“El apoyo a los Estados afectados debe partir de la compresión de sus realidades, la atención de las prioridades que éstos hayan identificado y su orientación a la creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales”, señaló la delegación, al tiempo que expresó la “urgencia de entablar un diálogo directo, basado en la rendición mutua y bidireccional de cuentas entre cooperantes y países socios, que permita hacer una programación de recursos de mediano plazo con impactos en el largo plazo”.