Ene 23, 2021

COMERCIALIZAR ARMAS SIN TENER CONTROL TERRITORIAL ESTIMULA LA VIOLENCIA

Por: Maria Victoria Patiño Jiménez

En la Campaña Colombiana Contra Minas trabajamos de manera más conocida por el desminado humanitario, pero nuestros compromisos van más allá, estos son con el desarme humanitario, es decir, la eliminación o la restricción del uso de determinados tipos de armas convencionales consideradas especialmente crueles o nocivas. Trabajamos en Colombia, por el desarme de la población y el monopolio de uso de las armas por parte del estado.

Las profundas crisis que han resultado de la perdida del monopolio de las armas en manos del Estado han tenido que resolverse mediante mecanismos extraordinarios, como Asambleas Constituyentes, para acordar nuevas reglas de juego que garanticen la vida y la convivencia de los ciudadanos.

A finales del siglo XIX, nuestro país estaba lleno de conflictos. Habían guerras civiles en las regiones y cada uno de los bandos era dueño de armas, todo en nombre de caudillos y con banderas de los partidos tradicionales. Esto trajo consigo dolor y muerte a nuestro país. Por lo que en la constitución de 1886, tratando de poner un freno a la difícil situación, proclamó el mandato de un solo Ejército Nacional que protegiera la soberanía, la vida y la unidad nacional.

Pero como se dice popularmente, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y la falta de voluntad y capacidad del gobierno para ejercer el control de las armas produjo muchos hechos lamentables para Colombia como; la llamada Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá, departamento de Colombia, que optó por separarse de la República apoyado por las armas y el poder de Estados Unidos.

Cien años después de que la constitución de 1886 fuese proclamada con la incapacidad del estado para controlar las armas. Se vivían varios fenómenos, muchas de las personas que querían transformar las realidades que veían no encontraron medios pacíficos y se expresaron con insurgencias armadas. También, por otro lado, el narcotráfico permeó ciudades, institituciones, cultura y apoyó la creación de grupos paramilitares desde los que asesinaron jueces, periodistas y defensores de derechos humanos. Entre 1987 y 1990 en posesión de armas ilegales, terminaron con la vida de cuatro candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ellos fueron la demostración palpable de un estado incapaz de proteger a la dirigencia política, incapaz de proteger a sus ciudadanos e incapaz de proteger la diversidad política, finalmente un estado fallido.

Contra esta  trágica realidad se levantaron voces que alentaron la convocatoria de un mecanismo extraordinario que permitiese la reconstrucción del Estado colombiano. La insurgencia armada no fue ajena a ese clamor, el M19 se dispuso a dejar las armas en aras de un nuevo pacto nacional. Las y los jóvenes universitarios estimularon en las urnas un mandato popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La constitución de 1991, nació de esa manera y reiteró la necesidad de que el gobierno ejerciera el control de las armas. Lamentablemente, al igual que pasó con la 1886, la voluntad política fue insuficiente y desatendió este mandato constitucional dejando de escuchar el grito de la gente que pedía por la paz.

Treinta años después de proclamada la Constitución de 1991, si bien se logró que la casi totalidad de la insurgencia dejase las armas, no ha cesado la violencia, no ha cesado el comercio legal e ilegal de las armas, cada día son asesinados líderes en las regiones que luchan con sus comunidades por encontrar otros derroteros de convivencia, libres de odio y de miedo.

Este postconflicto violento es el que enfrentamos todas y todos los colombianos. Por ello, desde la Campaña Colombiana Contra Minas, pedimos al estado Colombiano por políticas fuertes de control de armas. La letalidad de las armas de fuego, amparadas o no por salvoconductos del estado, siguen destruyendo vidas, provocando dolor y forzando el desplazamiento de miles de ciudadanos y ciudadanas.