En entrevista con el área de comunicaciones de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), Juan Pablo Salazar, director de la Fundación Arcángeles, explicó que uno de los problemas más graves que tiene Colombia es que no existe un registró real y verdadero de cuántas personas con discapacidad existen en el país.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), son 2.600.000 personas con discapacidad, pero aquellos que trabajamos en terreno sabemos que son muchas más, señaló Salazar al tiempo que dijo que “nadie está seguro de esa cifra, no tenemos realmente un diagnóstico del problema, no sabemos ¿Cuántas personas con discapacidad hay? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de seguridad social tienen? ¿Qué educación tienen? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? Sin tener ese diagnóstico, es muy difícil saber cómo vamos a priorizar las políticas públicas, las acciones que desde el Estado y la sociedad civil tenemos que hacer”.
¿A qué se le llama discapacidad? ¿Existe un registro regional o nacional, de cuántas personas actualmente viven en esta condición?
La discapacidad es un concepto que relaciona dos cosas: Las limitaciones que una persona tiene y las barreras que hay en el entorno que no le permiten participar en igualdad de condiciones con el resto de la población. La discapacidad no es ser ciego, ser ciego es una característica del individuo. La discapacidad aparece cuando, por ser ciega, a la persona no le permiten usar el sistema de transporte o trabajar.
Uno de los problemas más graves que tiene Colombia es que no hay un registró real y verdadero de cuántas personas con discapacidad existen en el país. De acuerdo con el DANE son 2.600.000 personas con discapacidad, pero las personas que trabajamos en terreno sabemos que son muchas más. Nadie está seguro de esa cifra. No tenemos realmente un diagnóstico del problema. No sabemos ¿Cuántas personas con discapacidad hay? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de seguridad social tienen? ¿Qué educación tienen? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? Sin tener ese diagnóstico, es difícil saber cómo vamos a priorizar las políticas públicas, las acciones que desde el Estado y la sociedad civil tenemos que hacer.
¿A qué se debe que no se tenga un registro real y verdadero?
Porque no se ha hecho la tarea. El Ministerio de Protección Social tiene un proyecto para hacer esa caracterización, pero es de difícil acceso. No es una herramienta dinámica que esté en la web y a la cual se pueda acceder fácilmente desde lugares remotos del país. Ese registro tiene por lo menos 1.800.000 personas inscritas, lo cual está por debajo de lo registrado por el DANE.
¿Cuál es la situación de las personas en condición de discapacidad en Colombia?
El tema de las personas con discapacidad es un movimiento de derecho civil. Esto busca como los otros movimientos un cambio cultural. En ese sentido, estamos lejos todavía de vivir en una cultura y sociedad que sea realmente incluyente y posible para las personas con discapacidad.
¿Cuáles son los obstáculos que imposibilitan una sociedad incluyente en Colombia?
Las personas no tienen acceso a sus derechos en igualdad de oportunidades. Estamos hablando de educación, empleo, acceso al transporte público, salud, entre otros. También son problemas de barreras sociales, mentales, y culturales que hay en la mente y en el corazón de la gente. Sin embargo, con políticas públicas esas barreras se pueden vencer.
En cuanto a la legislación estamos bien. Colombia ratificó en 2011 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en 2013 sacó adelante la Ley 1618 la cual es como la “ley estatutaria” que de alguna manera aterriza la Convención de las Naciones Unidas. En el papel estamos bien y pareciera que con eso es suficiente, pero aún hace falta desarrollar acciones específicas para aterrizar esa legislación.
¿Cuáles acciones son necesarias para aterrizar la Convención?
La Ley 1618 obliga en los temas de accesibilidad, pero no dice cuándo ni cómo. Además, no existe una norma técnica reglamentada por ICONTEC que diga cuáles son las especificaciones para que los temas de accesibilidad funcionen. No existe tampoco ningún tipo de sanción por no cumplir esa norma. La ley es casi una sugerencia, no una imposición del Estado.
En educación, la ley colombiana dice: “Debe haber educación inclusiva”, pero no dice: “En tanto tiempo los colegios públicos y privados deben tener su pensum académico accesible, para personas ciegas, para personas sordas o con los ajustes razones para las personas con discapacidades cognitivas”. No se obliga a las instituciones educativas, en un tiempo determinado, ser accesibles en su planta física, páginas web, implementos educativos, entre otros.
En transporte público existen muchas leyes. Es la tercera vez que aplazan por espacio de 10 años que el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá sea accesible. Es decir, que en 10 años las personas con discapacidad pordrán trabajar, ir a estudiar, al hospital, etc.
¿Existen problemas presupuestales para hacer todas esas reestructuraciones y adecuaciones en el país?
Sin duda hay temas presupuestales, pero con esa excusa nos pueden bromear 50 años. El problema es dónde vamos a trazar la línea. Un bus con una cama baja no es más caro que un bus sin una cama baja, pero elijen comprar el que no es accesible.
¿Se podría afirmar que falta incluso continuidad en esos proyectos?
Falta seriedad y voluntad de realmente hacer un cambio. Creo que falta voluntad política e interventoría de organizaciones, de personas con discapacidad o que Planeación Nacional o las curadurías, tengan oficinas encargadas específicamente de hacer cumplir estos temas al detalle.
¿Cómo se han aplicado las leyes de discapacidad en las regiones de Colombia?
Si en el norte de Bogotá, que es en donde se supone viven las élites del país, no se aplican las leyes, en el resto del país, es mucho peor. Hay excepciones. Por ejemplo, un municipio como Anapoima es completamente accesible y esto le ha traido beneficios. Este se ha convertido en un destino turístico para personas con discapacidad y no es un municipio donde haya mucha inversión. Allí las cosas se planearon bien. Ahora es posible vivir allí. Eso no ocurre en muchos otros municipios de Colombia.
¿Cómo está Colombia en el tema de discapacidad en relación con otros países de América Latina?
Colombia siempre se ve bien en el papel, el problema es la realidad. Es necesario aterrizar los proyectos. Colombia tiene que ratificar el Protocolo Facultativo, una herramienta de las Naciones Unidas que le permite a la sociedad quejarse por las deficiencias del Estado ante ese organismo internacional. El Protocolo es una ruta directa de la sociedad a la comunidad internacional. Otros países de la región ya lo han ratificado. Colombia tiene un sistema de deporte paralímpico mejor que la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Brazil, Argentina, México, y Cuba
Al aspirar al Senado de Colombia ¿Cuáles eran sus proyectos en el tema de discapacidad?
Quería que las personas con discapacidad pudieran acceder plenamente a educación, trabajo, deporte, transporte, entre otros. Pretendí adelantar estas iniciativas desde el Congreso, pero uno no sólo hace política desde lo legislativo. Eso lo estamos adelantando desde la sociedad y desde algunas alianzas con el Gobierno, parlamentarios, y otros temas desde el activismo social.