Feb 1, 2021

El desarme guerrillero, la Asamblea Constituyente y la paz

Por columnista invitado: Otty Patiño, Exconstituyente de la Constitución Política de Colombia 1991

El 9 de marzo de 1990 se produjo el primer desarme guerrillero mediante unos acuerdos de paz en Latinoamérica. En efecto, el Movimiento 19 de Abril, M19, depuso sus armas en la vereda de Santo Domingo, Cauca, ante una comisión internacional, armas que fueron fundidas y convertidas en lingotes de acero.

Esta historia comenzó el 10 de enero de 1989 mediante una declaración conjunta del Gobierno Nacional representado por su Consejero Rafael Pardo Rueda y Carlos Pizarro Leongómez, como Comandante General del M19. En esa declaración el M19 convocaba a todas las fuerzas insurgentes a emprender un camino de paz negociada y el M19 se comprometía a dejar las armas una vez se firmasen los acuerdos. Durante todo el año 1989 se discutieron importantes temas con el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil. En noviembre de ese año se llegó a un pacto político entre el gobierno presidido por Virgilio Barco y el M19. Las otras guerrillas no acudieron a la cita. Faltaba concretar ese acuerdo en el Congreso para que tuviese fuerza de ley.

El gobierno logró que el Congreso aprobase en diciembre una ley de indulto para los guerrilleros que se desmovilizaran. Pero el conjunto de reformas discutidas con la sociedad civil en las Mesas de Análisis y Concertación y desarrolladas por los partidos políticos y el M19 con el Gobierno Nacional se hundieron ese mismo diciembre en virtud de que el gobierno quiso introducir el tema de la extradición a los narcotraficantes en ese paquete de reformas y los congresistas, por el contrario, eran partidarios de la no extradición.  De hecho, ese año 1989, estuvo signado por una serie de acciones terroristas de los narcotraficantes durante las cuales fue destruido el edificio central del DAS, asesinado el candidato liberal Luis Carlos Galán y muertos muchos colombianos por efecto de las bombas del narcotráfico. El gobierno se sentía sobrepasado por este tipo de acciones.

De modo que en ese año, 1989, quedó la evidencia de un estado incapaz de contener el narcoterrorismo e incapaz de culminar el proceso de paz con una de las guerrillas de ese entonces.

Fue preciso acudir a medios no institucionales, acuerdos de confianza, para “desempantanar” el proceso de paz con el M-19. Sus dos jefes principales, Carlos Pizarro y Antonio Navarro, se reunieron en enero de 1990 con los precandidatos liberales y acordaron realizar un mecanismo extraordinario, un referendo o una asamblea constituyente para darle salida a los acuerdos logrados en el pacto político de noviembre de 1989. Uno de los precandidatos liberales, Cesar Gaviria, fue elegido presidente y poco después de tomar posesión del cargo, convocó a una asamblea constituyente mediante un decreto presidencial.

La Corte Suprema de Justicia en su sentencia para declarar la exequibilidad de dicho decreto argumentó el mandato popular proveniente de la Séptima Papeleta del 11 de marzo, refrendado en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de ese mismo año, al tiempo que declaraba que esa constituyente debía ser un espacio para ampliar la democracia y consolidar la paz con las guerrillas e hizo de esa Asamblea un cuerpo soberano como representante legítimo del pueblo colombiano. Ello permitió que otros grupos guerrilleros, antes reacios a la paz, decidieran desmovilizarse. En 1991 el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame, depusieron las armas para construir una nueva institucionalidad a través de la formulación de una nueva carta política.

Tres conclusiones de esta breve historia: 1. La promesa del desarme del M-19 se convirtió en un gesto definitivo para emprender un proceso de paz en Colombia y más tarde en otros países de Latinoamérica. 2. La incapacidad del estado para concretar la paz fue resuelta por un acto de confianza político. 3. La decisión de la Corte Suprema de Justicia hizo de la asamblea constituyente una entidad de reafirmación de la soberanía popular para la construcción de una democracia real en Colombia.