Minas Terrestres en Ucrania dañan a civiles

(Kiev, 31 de enero de 2023) – Ucrania debería investigar el presunto uso por parte de sus fuerzas militares de miles de minas terrestres antipersonales lanzadas con proyectiles en la ciudad oriental de Izium y sus alrededores mientras las fuerzas rusas ocupaban el área, expresó hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch documentó numerosos casos en los cuales proyectiles que llevaban minas antipersonales de tipo PFM, que también se conocen como “minas mariposa” o “minas pétalo”, se arrojaron sobre áreas ocupadas por fuerzas de Rusia cerca de instalaciones militares rusas. Ucrania es estado parte en el Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, que prohíbe cualquier uso de minas antipersonales.

Las fuerzas rusas han usado minas antipersonales en múltiples áreas de Ucrania, incluidas trampas explosivas activadas por víctimas, desde su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Human Rights Watch publicó anteriormente tres informes que documentan el uso por parte de fuerzas rusas de minas terrestres antipersonales en Ucrania en 2022.

“Las fuerzas ucranianas parecen haber esparcido minas en una extensa superficie alrededor del área de Izium, que provocan víctimas civiles y representan un riesgo continuo”, explicó Steve Goose, director de la división de Armas de Human Rights Watch. “Las fuerzas rusas han usado en forma reiterada minas antipersonales y han perpetrado atrocidades en el país, pero esto no justifica que Ucrania utilice estas armas prohibidas”.

Si bien la mayoría de las minas antipersonales se colocan manualmente, las minas antipersonales PFM que se usaron en Izium y cerca de allí solo funcionan cuando son desperdigadas desde aeronaves, proyectiles y artillería, o cuando se disparan desde vehículos especializados o lanzadores. El uso de minas antipersonales viola el derecho internacional humanitario porque estas no distinguen entre civiles y combatientes. Las minas que no se remueven generan desplazamientos, obstaculizan la provisión de ayuda humanitaria e impiden el desarrollo de actividades agrícolas.

Las fuerzas militares rusas tomaron Izium y las áreas circundantes el 1 de abril y ejercieron allí un control total hasta principios de septiembre, cuando las fuerzas ucranianas iniciaron una contraofensiva. Durante su ocupación, las fuerzas rusas detuvieron en forma arbitraria, interrogaron y torturaron a residentes, y en algunos casos perpetraron la desaparición forzada y el asesinato de civiles.

Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones en el distrito de Izium entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre, durante las cuales entrevistó a más de 100 personas, incluidos testigos del uso de minas terrestres, víctimas de minas terrestres, socorristas, médicos y desminadores ucranianos. Todas las personas entrevistadas dijeron haber visto minas en el suelo, conocer a alguien que había resultado herido por una mina o haber sido advertidas sobre su presencia durante la ocupación rusa de Izium.

Human Rights Watch documentó el uso de minas PFM en nueve zonas distintas en la ciudad de Izium y cerca de esta, y confirmó 11 víctimas civiles debido a estas minas.

Trabajadores de la salud señalaron que habían atendido a casi 50 civiles, incluidos al menos cinco niños, que al parecer sufrieron heridas debido a minas antipersonales en la zona durante la ocupación militar rusa o con posterioridad. Cerca de la mitad de las lesiones involucraron amputaciones traumáticas del pie o la parte inferior de la pierna. Estas son heridas congruentes con la explosión de minas PFM. Los investigadores no pudieron determinar si hubo militares rusos heridos o muertos en ataques con proyectiles que dispersaron minas terrestres.

“Están por todos lados”, señaló un desminador ucraniano, refiriéndose a las minas PFM en el área de Izium. Los desminadores estimaron que podría llevar décadas despejar el área de minas terrestres y otros dispositivos sin detonar.

Human Rights Watch observó evidencias físicas de uso de minas antipersonales PFM en siete de las nueve áreas de Izium o circundantes. Esto incluye minas sin detonar, restos de minas y las carcasas metálicas que llevan las minas en proyectiles. En varios lugares, los investigadores observaron signos de explosiones que eran congruentes con el volumen de explosivos que tienen las minas antipersonales PFM. En las otras dos áreas, numerosos testigos señalaron que habían visto minas cuyas características coincidían con las de las minas PFM.

En seis de las nueve áreas, los testigos describieron ataques congruentes con minas terrestres lanzadas por proyectiles. En tres sitios en el área de Izium, Human Rights Watch vio cómo el motor de un cohete de artillería de la serie Uragan, que puede usarse para desperdigar minas, fue colocado en el suelo o había impactado en un edificio de forma tal que indicaba haber procedido de la dirección donde las fuerzas ucranianas controlaban territorios y, al momento del ataque, estaban dentro del rango máximo de 35 kilómetros que tienen estos cohetes.

Las nueve áreas estaban todas cerca de donde las fuerzas militares rusas se encontraban ubicadas en ese momento, lo cual sugiere que eran el objetivo. Las fuerzas rusas se estaban retirando de estas posiciones a comienzos de septiembre, pero diversos testigos señalaron que los dos ataques que documentó Human Rights Watch el 9 y 10 de septiembre se produjeron cuando esas fuerzas seguían estando presentes en esas áreas.

Más de 100 residentes de Izium y del área circundante señalaron que las fuerzas rusas o las autoridades de ocupación publicaron y distribuyeron volantes para advertir sobre el peligro de las minas terrestres. También retiraron minas terrestres de zonas públicas y de propiedad privada de civiles y llevaron a algunas víctimas de minas a Rusia para que recibieran atención médica, todas medidas que son incompatibles con ser responsables de colocar las minas. Human Rights Watch entrevistó a dos víctimas de minas terrestres que señalaron que las fuerzas rusas las habían trasladado a Rusia en un helicóptero militar para que recibieran atención médica.

Human Rights Watch ha documentado el uso por parte de Rusia de otros tipos de minas antipersonales en Ucrania, pero no ha corroborado señalamientos de que las fuerzas rusas usaran minas PFM en el conflicto armado.

El Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997 prohíbe en forma integral a las minas antipersonales y exige la destrucción de existencias, el despeje de áreas minadas y la asistencia a las víctimas. Ucrania firmó el Tratado sobre la Prohibición de Minas el 24 de febrero de 1999, y lo ratificó el 27 de diciembre de 2005. Rusia no se ha sumado al tratado, pero igualmente viola el derecho internacional al usar minas antipersonales, debido a su naturaleza intrínsecamente indiscriminada. El Tratado sobre la Prohibición de Minas entró en vigor el 1 de marzo de 1999, y sus 164 estados incluyen a todos los Estados Miembros de la OTAN, salvo EE. UU., y todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

Ucrania heredó un arsenal considerable de minas antipersonales tras la disolución de la Unión Soviética. El país destruyó más de 3,4 millones de minas antipersonales entre 1999 y 2020, incluidas minas PFM. En 2021, Ucrania informó al secretario general de la ONU que todavía quedaban por destruir 3,3 millones de minas PFM en reserva. Según funcionarios ucranianos, el único tipo de minas antipersonales que quedan en las reservas de Ucrania son minas PFM contenidas en proyectiles 9M27K3 de 220 mm. Human Rights Watch documentó anteriormente el uso de minas antipersonales en Ucrania en 2014 y en 2015 por parte de grupos armados apoyados por Rusia.

Conforme al artículo 20 del Tratado sobre la Prohibición de Minas, un Estado Parte que interviene en un conflicto armado no podrá retirarse del tratado antes de la finalización del conflicto armado. El tratado tampoco es objeto de reservas.

Human Rights Watch envió una serie de preguntas sobre el uso de minas terrestres antipersonales PFM en Izium y proximidades a los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores de Ucrania y a la Presidencia ucraniana el 3 de noviembre, y solicitó que se concediera una reunión. Human Rights Watch también contactó a múltiples funcionarios del gobierno para gestionar una reunión.

El 23 de noviembre, el Ministerio de Defensa envió una respuesta escrita, en la cual indicó que las fuerzas militares se atienen a sus obligaciones internacionales, incluida la prohibición del uso de minas antipersonales, pero no contestó ninguna de las preguntas sobre el uso de minas PFM en Izium y zonas circundantes, e indicó que “no se brindará información sobre los tipos de armas que usa Ucrania… hasta que termine la guerra”.

En la 20.º Reunión de Estados Partes del Tratado sobre la Prohibición de Minas que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2022, Ucrania señaló que es “parte responsable” en el tratado y que “nunca consideró” usar sus reservas de minas antipersonales con fines defensivos.

Ucrania debería renovar su compromiso con el Tratado sobre la Prohibición de Minas, iniciar una investigación sobre el presunto uso reciente de minas antipersonales PFM, actuar paraque los responsables rindan cuentas y dar pasos para asegurar y destruir sus reservas de minas antipersonales, apuntó Human Rights Watch. Ucrania también debería intentar identificar y ayudar a las víctimas, lo que incluye brindar resarcimiento adecuado y oportuno, atención médica y otra asistencia, como la provisión de prótesis cuando resulte pertinente y apoyo continuo en la rehabilitación, incluido el apoyo psicosocial.

Rusia debería dejar de usar minas terrestres antipersonales debido a su naturaleza indiscriminada, investigar el uso de esas armas por sus fuerzas y sumarse al Tratado sobre la Prohibición de Minas, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch fundó en forma conjunta y preside la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL), que compartió el Premio Nobel en 1997.

“Todo uso de minas antipersonales resulta ilícito y Ucrania debería investigar en forma exhaustiva lo ocurrido y cerciorarse de que sus fuerzas no usen esas armas”, apuntó Goose. “A su vez, las autoridades deberían asegurarse de que se brinde asistencia a los civiles o sus familias que se determine que han resultado heridos o que han muerto a causa de estas armas indiscriminadas”.