“(Que el) Estado colombiano cumpla de inmediato nuestras peticiones o la capital será invadida por la población víctima y en condición de desplazamiento forzado”, así lo advierte un comunicado emitido por un número indeterminado de víctimas provenientes de varias regiones de Colombia y que desde el pasado 1 de mayo permanecen en la Plaza de Bolívar con el objetivo conjunto de reclamar sus derechos como población víctima y en condición de desplazamiento forzado y sobrevivientes de minas antipersonal.
De acuerdo con el documento emitido por las víctimas, las exigencias se enmarcarían en tres puntos específicos:
– Exigir un acuerdo de pago de reparación integral por un monto de 150 millones de pesos por núcleo familiar. El dinero en este punto comprendería vivienda, reparación integral e insumos para la creación de proyectos productivos.
– Restitución y reubicación de tierras con celeridad y garantías de retorno.En este punto se exige protección integral para las familias que retornan a los territorios.
– Caracterización y carnetización de toda la población en discapacidad, víctima y en condición de desplazamiento forzado, compañeros afectados y sobrevivientes de minas antipersonal. Las víctimas le exigen al Estado colombiano, por su precaria y doble condición, una pensión de dos salarios mínimos legales vigentes, reducción en el pago de transportes en general en un 60%, cumplimiento del enfoque diferencial, atención especial en: viviendas especiales, proyectos sostenibles, salud, educación, recreación, empleo, etc.
En el comunicado se invita a por lo menos 1.000 personas a que se unan a la movilización. “En especial a los grupos más vulnerables como son: Madres cabeza de familia, adolescentes, adultos mayores, indígenas, afro (…) y con cualquiera de los 15 casos o tipos de discapacidad y grupos con más vulnerabilidad. Ya que el Estado no ha cumplido con lo que ordena la Constitución, la Ley y los Autos de Seguimiento, emitidos por la honorable Corte Constitucional, en la garantía y el goce efectivo de nuestros derechos”, se observa en el documento.
Las víctimas extendieron un llamado a todos los organismo internacionales y a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, con el objetivo demandar al Estado colombiano por su reiterado incumplimiento con todos los derechos de la población víctima y en condición de desplazamiento forzado, sobrevivientes de minas antipersonal, entre otros.
Según la carta, la Corte Constitucional habría emitido la sentencia T 025 de 2004 y varios Autos de Seguimiento: 092, 251, 004, 005 y 006, los cuales se habrían convertido en escuetas recomendaciones, por su no aplicabilidad, y por con siguiente se habría burlando a la máxima institución judicial del país. “Por estas reiteradas violaciones e incumplimientos de nuestras leyes, lo que han logrado es que día por día, la población víctima y en condición de desplazamiento forzado, compañeros afectados y sobrevivientes de minas antipersonal y en especial los grupo con más vulnerabilidad, estemos aún más sumidos en la absoluta miseria”, concluye la misiva.
