La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas está “preocupada” por la petición formal que ha presentado Colombia para que se le de una prórroga de 10 años en su plazo para limpiar de minas su territorio, dentro de la Convención de Ottawa. Así lo indicó Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña de esta organización que recibió en 1997 el Premio Nobel de la Paz por impulsar el Tratado que prohibió las minas terrestres, también conocido como Convención de Ottawa.
“El Gobierno colombiano ha pedido el máximo periodo de prórroga, diez años, pero en el ICBL recomendamos que se le den tres años, como forma de hacer mayor presión”, señaló Jiménez. La petición de Colombia -junto con otros cinco países- fue presentada esta semana en la décima reunión de los países signatarios del Tratado que se celebra en Ginebra, y recibirá una respuesta formal mañana, viernes, al concluir la asamblea. “Creemos que finalmente se le concederán los diez años, pero con la exigencia de que el gobierno presente un informe anual sobre el cumplimiento y de que en 2013 Colombia haga un nuevo planteamiento”, agregó el responsable de ICBL. Ante la Asamblea, Colombia explicó el pasado lunes que va a cumplir con el plazo otorgado inicialmente con respecto al desminado de los artefactos explosivos colocados por las Fuerzas Armadas “antes de suscribir la Convención”, pero que necesita la prórroga para acabar con las minas plantadas por los diversos grupos armados.
Además del caso de los seis países -entre ellos Colombia- que solicitaron formalmente prórrogas para desminar sus territorios, Jiménez dijo que “vemos con mucha preocupación que hay otros 22 Estados que ya se están planteando también solicitar extensiones”.
Subrayó que “lo que necesita la Convención es que los estados asuman sus compromisos con más responsabilidad” y destacó que sólo en la región de Latinoamérica hay ejemplos de “avances muy pequeños”, como son los casos de Ecuador y Perú. También recordó que otro país, Venezuela, ni siquiera ha empezado con los trabajos de limpieza.
La segunda gran preocupación de la ICBL se refiere a la asistencia a las víctimas de las minas y a la necesidad de que se cumpla el Plan de Cartagena, aprobado en esa ciudad hace un año.
“En el caso colombiano, nos preocupa especialmente la falta de asistencia a las víctimas civiles. La mayoría son personas contratadas para los programas de erradicación de cultivos de coca ilegales, que se encuentran en áreas minadas”, señaló Jiménez.
Respecto a esta asistencia a las víctimas, recalcó, en cambio, que Perú está dando pasos muy positivos con un refuerzo de sus programas. Y también mostró su optimismo por “la buenísima noticia” anunciada esta semana por Nicaragua de que ha concluido totalmente la limpieza de sus áreas minadas y se ha convertido en un país libre de minas antipersonales. EFE