Jul 17, 2015

“El 98% de las armas inmersas en delitos (en Colombia) son armas ilegales”: Coronel Enrique Torres, jefe del Departamento de Control Comercio de Armas

Coronel Enrique Torres, jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas
Coronel Enrique Torres, jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas

El uso de armas ilegales en Colombia, país en el que el Estado es el único autorizado para registrar y expedir licencias de porte y tenencia, es aún un gran desafío para un territorio que sufre grandes índices de violencia y dónde más del 76 % de los homicidios son cometidos con armas de fuego, de acuerdo con el último informe de Medicina Legal (2013).

“El 98 % de las armas inmersas en delitos son armas ilegales”, explicó el jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas, el coronel Enrique Torres, en el marco del foro “Control de armas: Lecciones para Colombia”, realizado en Bogotá el pasado 10 de julio y organizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Ministerio del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.

El general precisó que un arma es considerada ilegal cuando no es entregada por el Estado o este no ha autorizado su tenencia y porte. Asimismo, expresó que, desde el año 1993, Colombia tiene implementada una campaña de desarme voluntario, la cual fomenta la entrega de armas a cambio de un pago. En total, desde 1992 la Industria Militar Colombiana (INDUMIL) ha destruido 432.758 armas, agregó.

En ese sentido, defendió la importancia de registrar el armamento para definir una trazabilidad de proveedores, receptores, etc., con el objetivo de “minimizar y neutralizar” las rutas hacia el tráfico de armas, tanto a nivel regional, como nacional e internacional.

Y es que las cifras avalan la importancia de un control que, a nivel mundial, es promovido por el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, el primero legalmente vinculante que regula el comercio de armas en el mundo y que establece obligaciones para los Estados.

Aunque Colombia firmó el tratado y contribuyó así a que entrara en vigencia en diciembre de 2014, aún no lo ha ratificado. En este momento, está siendo sometido al Congreso de la República con ponencia favorable del senador Jimmy Chamorro.

Mélanie Régimbal, directora de UNLIREC; y Duván Ocampo, coordinador de Desarme y No Proliferación de la Cancillería
Mélanie Régimbal, directora de UNLIREC; y Duván Ocampo, coordinador de Desarme y No Proliferación de la Cancillería

Durante su intervención, el Coordinador de Desarme y No Proliferación de la Cancillería, Duván Ocampo, manifestó que Colombia está comprometida en materia de desarme y aseguró que espera que “en los próximos meses” el país deposite ante Naciones Unidas la ratificación de la Convención sobre Municiones en Racimo antes de la Conferencia de Revisión que se celebrará en Dubrovnik (Croacia) el próximo mes de septiembre.

El Congreso ratificó la Convención y la Corte Constitucional la declaró acorde con la normatividad nacional en diciembre de 2013, pero hasta el momento el Gobierno no ha depositado el documento ante Naciones Unidas, condición indispensable para que el acuerdo multilateral sea efectivo en el país.

De acuerdo con la directora de UNLIREC, Mélanie Régimbal, la violencia armada en América Latina causa 157.000 homicidios cada año, lo que supone una tasa de 16,7 muertes por cada 100.000 habitantes. Del total de homicidios, un 66 % son cometidos con armas de fuego, una media regional que ubica a Colombia en los puestos más altos, con una tasa de homicidios por armas de fuego del 76 %.

Y un hecho importante: “el 74,6 % de las armas (en la región) está en manos de civiles, incluyendo empresas de seguridad privada”, mientras que el 22,7% está en poder de las Fuerzas Armadas, el 2,2 %, de la Policía y, solo el 0,5 % está en manos de la criminalidad, agregó Régimbal.

Coronel Enrique Torres, jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas; y Jeremy McDermott, director de la organización InSight Crime
Coronel Enrique Torres, jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas; y Jeremy McDermott, director de la organización InSight Crime

Ante este panorama, Jeremy McDermott, director de la organización InSight Crime, destacó las cuatro principales fuentes proveedoras de armamento ilegal. Mencionó el tráfico de armas presente en Centroamérica durante la Guerra Fría a causa de los conflictos internos que iniciaron a mediados del siglo XX en la región; la falsificación de permisos de venta de armas; Estados Unidos y las Fuerzas militares; esta última institución, quien en América Latina ostenta el monopolio sobre el manejo de las armas, aseguró que es una de las principales proveedoras de armamento a causa de la corrupción.

McDermott agregó que con el fin de los conflictos armados internos en El Salvador, Guatemala y Honduras, los cárteles mexicanos han asumido ese tráfico de armas. Según un informe del Centro de Estudios Sociales de Opinión, en México hasta 2.000 armas están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos cada día; mientras que de acuerdo con otro informe de la Universidad de San Diego (EE.UU.), 580 armas están siendo compradas con destino al mercado ilegal.

Phil Cook, profesor de la Universidad de Duke (EE.UU.)
Phil Cook, profesor de la Universidad de Duke (EE.UU.)

Frente a esta situación, el profesor de la Universidad de Duke (EE.UU.), Phil Cook, manifestó que el comercio ilegal de armamento es un mercado basado esencialmente en la confianza entre el vendedor y el comprador por miedo a una posible infiltración policial. Por ello, defendió la necesidad de atacar esa débil estructura y romper los lazos de confianza trazados en el mercado ilegal para lograr desestabilizarlo y reducirlo a niveles de impacto mínimos.

Durante el seminario, se presentaron también las experiencias de Brasil en  materia de desarme, con la presencia de la secretaria nacional de Seguridad Pública del país, Regina Miki; y de Bogotá. En este último caso, un estudio de la FIP concluyó que las medidas de restricción permanente al porte de armas de fuego, adoptadas por la actual Administración de la capital, han tenido un efecto sobre la reducción del número de homicidios, mientras que en el caso de medidas temporales instauradas anteriormente se observó un efecto nulo.

Consulte el estudio completo

De izquierda a derecha: María Acosta (FIP), Katherine Aguirre (FIP), Phil Cook (Universidad de Duke, EE.UU.) y Regina Miki (secretaria nacional de Seguridad Pública del Brasil)
De izquierda a derecha: María Acosta (FIP), Katherine Aguirre (FIP), Phil Cook (Universidad de Duke, EE.UU.) y Regina Miki (secretaria nacional de Seguridad Pública del Brasil)
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