Jun 5, 2015

La violencia como despojo de ciudadanía vs la paz como construcción de poder

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Por Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombiana Contra Minas

Conferencia realizada el 5 de junio de 2015 en el marco del IV Congreso Internacional Paz, Derecho & Posconflicto de por la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta (Colombia)

El estudio del derecho, de las leyes, el conocimiento de las normas que definen la relación entre los miembros de una sociedad, adquiere mayor dimensión cuando dicho ejercicio se adelanta en un país atravesado por uno de los conflictos armados de más larga duración a nivel global. Es mucho más relevante aún, cuando como en el caso nuestro, el de la Colombia actual, estamos en medio de una transición de la confrontación armada al fin de la misma.

Lo menciono porque valoro altamente el reto que enfrentan ustedes: ser estudiantes mientras el contexto relativiza buena parte de lo aprendido 4 o 5 años atrás. Igualmente soy consciente que es arriesgado pararse aquí frente a ustedes y aventurar ideas en medio de un fuerte debate sobre cárcel, mecanismos transicionales que permitan conseguir un equilibrio aceptable entre Paz y Justicia, y algo aún más  esencial: la búsqueda de dignidad para todos y todas en Colombia.

Por esa razón me siento en el mismo equipo de ustedes, del mismo lado. El equipo de la incertidumbre.

Se me pidió poner un titulo a esta presentación y yo le puse uno pomposo, rimbombante con el fin de espantar la incertidumbre y hacer un acercamiento al momento que vivimos. Anuncio, sí,  que en la oposición que expresa el titulo de mi presentación, “La violencia como despojo de ciudadanía vs La paz como construcción de poder”, mi opción es la Paz, es decir, la construcción de poder, de un nuevo poder que profundice el derecho al Derecho y a la Justicia para todos y todas en Colombia.

Cualquier colombiano sin necesidad de conocer sobre los desarrollos y reinterpretación que ha tenido el concepto de ciudadanía a través de los siglos estaría de acuerdo con la primera afirmación del titulo: La violencia ha significado el despojo de ciudadanía. No sólo lo leemos, lo vemos aquí en las calles de Cúcuta, en la realidad que han vivido los desplazados del Catatumbo, desarraigados, expulsados de su territorio, cambiando su contexto, su cultura, malviviendo en espacios que no son los propios, salvando a duras penas el pellejo con su familia desvertebrada, sin la protección en sus lugares de origen y, en muchos casos, tampoco acá, a donde llegan porque son obligados por la fuerza de la violencia. Así es el proceso.  Ausencia total de derechos y el primero que se pone en riesgo es el derecho a la vida. Por esa razón la reflexión básica es ¿cómo ser ciudadano sin garantía de derechos básicos?

Foto Universidad Simón Bolívar
Foto Universidad Simón Bolívar

Los abogados, la mayoría de ustedes aquí sentados, se forman acorde con la legislación para desarrollar su actividad profesional, pero el Derecho se construye para el relacionamiento de la sociedad con apego a normas de valor colectivo, intereses de justicia, y la violencia rompe con estos criterios. La violencia  destruye el relacionamiento convenido al interior de una sociedad, por ello, la violencia es un factor de despojo sobre el individuo y, por ello, nuestra afirmación en el título es tan poco discutible para sociedades en las que el conflicto armado es evidente como la nuestra.

Reiterando lo dicho, los sucesos de los últimos días en Tumaco y Buenaventura son la prueba reina de cómo en nuestro contexto la violencia no ha cumplido un efecto liberador o de alivio a las condiciones de inequidad o de exclusión en que vive un sector de la ciudadanía, todo lo contrario, les arrebata su acceso a los derechos. Y debe tenerse cuidado porque en varias interpretaciones políticas de nuestra historia, la validación de la violencia ha sido lo común y ello es una equivocación.

No hay una prueba de que la violencia haya mejorado la democracia en Colombia. El mayor mejoramiento institucional que hemos hecho de nuestra sociedad en 100 años está en el diseño institucional de 1991 y el mismo es un resultado de la paz y no de la guerra como algunos interpretan. Fue la paz imperfecta construida en los procesos de los años 90, esa paz que sólo involucró a una parte de los actores armados no estatales, la que nos brindó la posibilidad de mejoramiento institucional que trajo el proceso constituyente de 1991.

Y aquí estamos en el 2015: 24 años después, 24 años de muertos más, de dolor, de indignidad para el país, con indicadores  terribles en la referencia global como los que ustedes ya conocen y que no repetiré, sino a los que agrego: Sólo por minas antipersonal tenemos el mayor número de víctimas militares a nivel global seguidos por Siria. Después de Afganistán somos el segundo con más niños muertos y heridos por este arma. Luego de Afganistán y Camboya somos el tercer país con víctimas nuevas por año y hemos tenido un promedio anual cercano a las 600 personas muertas o mutiladas por minas en los 20 últimos años. Y ojo, estamos hablando sólo de los efectos de un tipo de arma, una sola, que ha afectado los derechos de cerca de 800.000 ciudadanos despojados de sus derechos a causa de la violencia.

Esta realidad la enfrentamos con otra afirmación y es la de: La paz como construcción de poder. En ello es en lo que estamos entusiastamente comprometidos algunos, enfrentando una opinión política que siente que el proceso de negociaciones no debe tener más tiempo, que mira con desconfianza la mesa de La Habana porque hay violencia y muerte en el país y porque la guerrilla no da suficientes muestras de querer superar la violencia como estrategia para conseguir sus fines.

Foto Universidad Simón Bolívar
Foto Universidad Simón Bolívar

¿Dónde están el Derecho y la Justicia en una sociedad que busca el fin de la guerra por la vía de la fuerza del Estado? y ¿Dónde, cuando se busca ese objetivo por la vía del diálogo?

Esta aparente dicotomía entre paz y derecho esta íntimamente ligada a una afirmación en el sentido de que la vigencia de los derechos de los ciudadanos están ligados a la vigencia de la paz y quiero ir a un ejemplo: los franquistas que abolieron a sangre y fuego la sociedad republicana de España en la década de los 30 se llamaban ciudadanos a sí mismos y destruyeron la República para instaurar una dictadura pura y dura. También aquí, en Norte de Santander, se llaman ciudadanos a sí mismos los apoyos e impulsores del paramilitarismo y sus olvidados hornos, que se usaron como “eficiente” método para desaparecer opositores y las pruebas de sus actos contra la humanidad.

Ello nos lleva a otra afirmación: la calidad de ciudadanía se corresponde con la interpretación de democracia que una sociedad tiene de sí misma.

Nuestra condición de ciudadanía en Colombia es pobre, hemos dicho antes que la guerra produce un despojo de esa condición. Por ello, hablamos y padecemos la debilidad de nuestra democracia.

Cúcuta  y muchos municipios de este departamento lo saben mejor que nadie; con alcaldes acusados de asesinato, pillaje sobre lo público y enriquecidos, que aún detentan el poder y nombran sus fichas al frente del destino del Estado. Otros, asesinados por pensar con un tono diferente al del orden establecido. Pero esta es una realidad que va más allá de Cúcuta no se sientan mal, es una realidad de muchos rincones del país. Y en esta afirmación hay también una convicción: esta es una democracia que requiere profundizarse, que necesita ampliar sus canales para que quepamos muchos más, es una democracia que requiere incluir a otros y esa necesidad es la que hace vital poner fin a la guerra porque si bien la guerra nos ha impedido muchos desarrollos, no es el único factor que impide la profundización de la democracia en Colombia. Hay una cultura que necesitamos transformar, la cultura instalada de asumir que las armas son la solución a las diferencias y contradicciones surgidas en el interior de la sociedad.

De allí que afirmemos que la Paz es construcción de poder, el poder de la ciudadanía. Un poder que en un proceso dinámico, participativo, diverso debe reemplazar el de las camarillas partidistas o “roscas”, como las denominamos comúnmente en Colombia. Necesitamos romper el código del clientelismo, que no sólo es responsabilidad de los políticos sino también de nosotros, de ustedes. O ¿no creen?

El proceso de negociación nos brinda la opción de abrir una ventana por la que entre el aire fresco a un salón contaminado por la violencia y la apatía sobre nuestro rol y la real posibilidad de construir futuro en democracia y en paz.

Ahora sí, planteadas estas afirmaciones simples, conversemos. ¿Qué comentarios, cuestionamientos o afirmaciones contrarias tienen?

Foto Universidad Simón Bolívar
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