Nov 4, 2014

“Es urgente el desminado”: cuarto grupo de víctimas

Foto AP
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El cuarto grupo de víctimas del conflicto armado interno colombiano se reunió el pasado fin de semana con las delegaciones negociadoras del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, Cuba. Entre las víctimas figuraba Guillermo Murcia, víctima de mina antipersonal y Coordinador Departamental en Arauca de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), quien entregó a las delegaciones negociadoras un documento que contiene una propuesta para remover minas antipersonal de 57 zonas ya identificadas en varios departamentos de Colombia.

El encuentro entre víctimas y victimarios indudablemente fue un profundo coloquio de perdón en el que las narrativas de dolor y sufrimiento permitieron palpar cómo es que se debe trascender del odio y de la rabia, a la vida y a la esperanza. “Escuchamos cómo los peores hechos de violencia han afectado a los más inocentes; a los que no querían ser parte de la guerra; a los que han acumulado discriminaciones históricas; a los que ejercían su profesión; nos referimos a niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, afrocolombianos, campesinos y campesinas, población LGBTI, los y las periodistas, los defensores de derechos humanos (…) Las víctimas hoy nos mostraron que sus dolores son compartidos, sin importar quien lo haya causado, las víctimas son una comunidad de dolor que se asume como mensajera de paz”, escribieron en un comunicado de prensa emitido al cierre del encuentro, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional.

Ciertamente las delegaciones de víctimas que han viajado y que viajarán en los próximos meses a la isla son y serán mensajeros de paz. Prueba de ello es lo escrito en un comunicado dado a conocer por el cuarto grupo de víctimas en una rueda de prensa, en el que saludan la posición de las partes negociadoras del Gobierno Nacional y de las FARC-EP frente a su disposición de un acuerdo especial humanitario para remover minas antipersonal y restos explosivos de guerra, así como el reclutamiento de menores en el conflicto.

Por su lado, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia manifestó que celebraba la “coincidencia”  tanto de las víctimas, de la delegación del gobierno y FARC-EP de “anticipar la implementación de acuerdos puntuales que impidan el reclutamiento de menores de edad y faciliten el desminado de los territorio”. La “coincidencia” se convierte en una ansiada respuesta a los miles de sobrevivientes de minas antipersonal, artefactos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que se han reportado. Sin embargo, esto no trascenderá en beneficios para esta población si esa “coincidencia de anticipar las implementaciones de acuerdos puntuales” no se proyecta en acciones reales y concretas.

La situación de las víctimas de minas antipersonal, así como la de los menores de edad que han sufrido el flagelo del reclutamiento forzado es preocupante. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) desde 1990 hasta septiembre de 2014 se han registrado un total de 10.847 víctimas por estos artefactos, de las cuales, 4.196 corresponde a civiles afectados (en las que se incluyen 854 niños y 245 niñas) y 6.651 miembros de la Fuerza Pública. Las estadísticas del Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF) indican que desde el 10 de noviembre de 1999 hasta el 30 de abril de 2013 se registró que 5.193 niños, niñas y adolescentes manifestaron haber sido reclutados por grupos armados no estatales en Colombia. Los grupos armados de los que más desvinculaciones se han registrado son: FARC-EP 3.060; AUC, 1.054; ELN 766; entre otros.

A raíz de la intensificación del uso de minas antipersonal en los años 2002 y 2003, la Campaña Colombiana Contra Minas ha venido proponiendo la necesidad de construir acuerdos especiales con actores armados no estatales como las FARC y el ELN a fin de aliviar la vida de comunidades en zonas donde la confrontación armada es intensa y afecta la cotidianidad de quienes allí habitan.

Con base en el conocimiento adquirido en la experiencia de trabajo a lo largo de los años y con ocasión del inicio del proceso de paz por parte del actual Gobierno, la CCCM identificó lugares en distintos municipios y departamentos, en los que partiendo del interés comunitario y de acuerdo con la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP se pudiesen adelantar acciones de limpieza de estos artefactos explosivos. A partir de esto, la CCCM identificó 57 zonas en varios departamentos, en zonas de uso o de interés comunitario cuya intervención significaría la posibilidad de acceder a escuelas de manera segura o fuentes de agua, zonas productivas o áreas de recreación comunitaria tal como canchas de fútbol, casetas comunales, entre otras.

Esta iniciativa ha sido puesta en consideración a través de cartas a los jefes negociadores del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC-EP, Juan Manuel Santos Calderón y Timoleón Jiménez, respectivamente, y a las partes negociadoras del gobierno y de la guerrilla, en diferentes espacios, como los Foros Regionales llevados a cabo en el primer semestre de 2014, en el Foro Nacional realizado en Cali en agosto del año en curso, y en documentos presentados por víctimas de minas antipersonal que integraron el segundo y el cuarto grupo de víctimas que han viajado a La Habana, entre otras.

“Un acuerdo de este tipo es conveniente, oportuno y coadyuda en los esfuerzos de construcción y consolidación de la confianza entre los responsables de la negociación, esto es el Gobierno Nacional y las FARC-EP, al tiempo que entre las comunidades de estos lugares y la opinión ciudadana alrededor del proceso de negociación que se adelanta en la isla. Finalmente consideramos que un acuerdo de este tipo facilita el proceso de comprensión y reconciliación que tanto requiere el país”, dijo en su momento Álvaro Jiménez Millán, Coordinador Nacional de la CCCM.

Las víctimas exigieron, además, al Estado y a los grupos armados garantías de seguridad al retorno de los grupos de víctimas al país. Cabe recordar que las amenazas a esta población que han viajado a la isla fueron dadas a conocer el pasado miércoles 1 de octubre por el director de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild. “Tres víctimas de las anteriores delegaciones que viajaron a La Habana a reunirse con los negociadores del Gobierno y las FARC, y dos miembros del equipo organizador han recibido amenazas de muerte”, indicó en su momento Hochschild, quien también señaló que ese tipo de amenazas solo pueden provenir de grupos que rechazan el proceso de paz, “reiteramos la petición de que todo tipo de oposición se mantenga en el marco legal”.

Documentos de interés:

Comunicado Cuarta Delegación de Víctimas a La Habana

Comunicado de Prensa – Conferencia Episcopal de Colombia, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional

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