May 16, 2014

El Gobierno se compromete a implementar un plan de desminado tras el fin del conflicto

Foto: Oficina Alto Comisionado para la Paz
Foto: Oficina Alto Comisionado para la Paz

“La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar”.

Así lo manifestaron las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP en el Comunicado Conjunto #36, en el cual exponen las tesis de acuerdo sobre el cuarto punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tercero en discusión, denominado Solución al problema de las drogas ilícitas.

Según se lee en el comunicado, este acuerdo sería “un propósito mancomunado al que contribuirán el Gobierno Nacional y las FARC-EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

“El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. Porque sobre la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar. No más muertos entre hermano, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas antipersonal”, así lo manifestó Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia, en su alocución luego darse a conocer el histórico acuerdo entre las delegaciones.

La implementación de un programa de desminado y descontaminación de aquellas zonas en las que haya presencia o sospecha de minas antipersonal o municiones sin explotar es significativamente importante e histórica, ya que estas armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) han producido 10.721 víctimas desde 1990 hasta la fecha, de las cuales 4.142 fueron civiles y 6.579 integrantes de la fuerza pública, según cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (PAICMA).

Hasta ahora, las delegaciones en negociación han acordado cuatro de los seis puntos que integran la agenda para la terminación del conflicto: Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del conflicto y Solución al problema de las drogas ilícitas. Los puntos que faltan por discutir son: víctimas e implementación, verificación y refrendación.

Acciones de desminado, tras la firma de la paz

En entrevista con el periódico El Nuevo Siglo, Álvaro Jiménez, Coordinador Nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), manifestó que el solo hecho de que el tema del desminado hubiera sido discutido en la Mesa de Negociaciones, es una señal positiva: “Es afortunado que el tema se mencione de manera explícita como nunca se había hecho en el marco de estos procesos de negociación”.

Sin embargo, lamentó que en los párrafos que le dedican al tema del desminado, las palabras “acuerdo final” y “fin del conflicto” implican que estas acciones solo se harán realidad cuando todo esté acordado y no antes. Mientras tanto, las poblaciones rurales que se encuentran en riesgo permanente por la presencia o sospecha de minas antipersonal o municiones sin explotar, tendrán que esperar una resolución final en La Habana para empezar a ver los esfuerzos de ambas partes para descontaminar sus territorios.

Si bien en Colombia hay un Batallón del Ejército y varias organizaciones dedicadas a realizar actividades de desminado humanitario en todo el país, esta labor se hace muy difícil en zonas donde el conflicto aún está en desarrollo.

Jiménez explicó que el desminado en Colombia ha tenido avances en algunos municipios donde ya no existe la presencia de grupos armados no estatales, como el oriente antioqueño; sin embargo, “no se puede acceder a las zonas donde el riesgo es permanente para las comunidades”.
Por esto, organizaciones como la CCCM y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) le han solicitado en reiteradas ocasiones y por diversos medios a las partes negociadoras en La Habana que lleguen a acuerdos, previos a la firma definitiva de la paz, que permitan la limpieza de zonas críticas por la amenaza de estos artefactos explosivos.

Aunque para Jiménez lo ideal es que se ponga fin al conflicto para poder avanzar de manera rápida sobre la generalidad del territorio colombiano, planteó acciones alternativas y urgentes en ciertas áreas: “para el caso de zonas específicas, que podemos indicarlas en este momento, pedimos un Acuerdo Especial y creemos que es completamente viable. Esa es la propuesta que le hacemos al Gobierno y a las FARC-EP, son ellos quienes deciden”.

El Coordinador Nacional de la CCCM propuso que esto se dé en zonas de interés comunitario, como las escuelas o las áreas de recreación en el campo.

En este mismo sentido se manifestó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Jordi Raich al solicitarle a las partes “acuerdos humanitarios que puedan tener un impacto sobre la vida y el día a día de las personas, sin esperar a ese acuerdo final”. Incluso ofrecieron colaborar no solo en la limpieza de áreas contaminadas por explosivos, sino también en la búsqueda de desaparecidos y el retorno de desplazados.

Al conocer este acuerdo, Jiménez le manifestó que seguirán insistiendo en que esa voluntad de avanzar en el desminado con acciones conjuntas se dé antes del acuerdo final: “creo que si presionamos y movilizamos a la ciudadanía podría ser factible lograrlo”.

Por su parte, el director del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (PAICMA), Daniel Ávila, expresó que el Gobierno seguirá comprometido con el desminado humanitario como se ha adelantado desde 2005. Pero también reconoce que la labor puede ser más efectiva con la información que pueda suministrar la guerrilla: “el llamado que les hemos hecho por mucho tiempo es que cesen de inmediato el uso de minas antipersonal y que nos digan dónde están los campos minados”.

Según Ávila, el desminado en Colombia es clave no solo para proteger la vida humana, sino también para poder avanzar con la consolidación de las zonas, entregar tierras a los campesinos y “avanzar en la construcción de país”.

El director del PAICMA, Daniel Ávila, explicó que las cifras de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar, ha disminuido año tras año, pero no precisamente porque los grupos ilegales estén dejando de instalarlos, “sino porque el Gobierno y los actores que trabajamos en el tema estamos fomentando la prevención”.

De acuerdo con el Monitor de Minas Terrestres 2013 “Afganistán Camboya, y Colombia, Estados Parte del Tratado para la Prohibición de Minas Antipersonal, han registrado regularmente el mayor número de víctimas anuales en los últimos 14 años, continúan presentando disminución constante en los totales anuales de víctimas”.

Vea el pronunciamiento de las delegaciones, haciendo clic aquí.
Foto: El Espectador.com

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