Feb 18, 2016

Declaración final del Encuentro “Desminado humanitario, procesos de paz y territorio”

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Bogotá, 28 y 29 de enero de 2016

En el centro del proceso de desminado humanitario debe estar el territorio, entendido como la relación entre la tierra, las personas, la naturaleza y su historia colectiva.

El acuerdo sobre desminado humanitario del 7 de marzo de 2015 entre el Gobierno y las FARC-EP ha abierto la posibilidad de extender el desminado humanitario a más territorios, incluso antes de un acuerdo de paz.

Eso se ampliaría aún más con el inicio de negociaciones públicas entre el Gobierno y el ELN.

En este contexto, se llevó a cabo el encuentro “Desminado humanitario, procesos de paz y territorio”, organizado por el Llamamiento de Ginebra, ONG humanitaria basada en Suiza y el Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS). El objetivo de este encuentro fue el intercambio de experiencias relacionadas con el desminado en distintas partes del país, la socialización de información sobre el desminado humanitario y los procesos de paz, así como la formulación de propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de la participación de las comunidades en el proceso de desminado humanitario.

Más de 100 personas participaron en este encuentro, incluyendo representantes de comunidades; autoridades locales, departamentales e indígenas; y organizaciones de base de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, quienes dialogaron con representantes de la comunidad internacional, representantes de autoridades nacionales, organizaciones de desminado, organizaciones humanitarias y ONG colombianas.

Los avances logrados en la implementación del acuerdo piloto desarrollado en los municipios de Briceño, Antioquia, Mesetas, Meta, y las diversas experiencias de las comunidades ofrecen aprendizajes importantes para futuras acciones de desminado.

Adicionalmente, las autoridades nacionales competentes, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), se han ido fortaleciendo elaborando herramientas y mecanismos (priorización, estándares, capacidad técnica del equipo) y una estrategia nacional para el desminado humanitario. También se destacan importantes avances en el proceso de acreditación de agencias civiles de desminado humanitario.

Considerando estos desarrollos y el nivel de avance las acciones, los y las participantes del encuentro hicieron las siguientes recomendaciones y propuestas para que continúe la evolución del desminado humanitario en Colombia:

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B.G. Rafael Colón, director de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA). Foto CCCM

Las comunidades, autoridades locales y tradicionales y las organizaciones de base deben participar plenamente en todo el proceso de desminado humanitario.

– Las comunidades concernidas deben participar en la toma de decisión para el proceso de desminado, en particular sobre dónde se piensa hacer desminado, cuáles son los objetivos, cómo se hará, por quiénes, y otros detalles relevantes.

– El proceso de desminado debe ser concertado a tres niveles: el nivel de la comunidad misma, el nivel de las autoridades locales y tradicionales, y el nivel de las organizaciones de base. Con este propósito y como primer paso se deben fortalecer las organizaciones de base en los temas de la acción integral contra minas, para que estas puedan apoyar a las comunidades en el proceso de desminado. En este marco, las organizaciones de sobrevivientes pueden y deben tener un papel importante; por ejemplo, como enlace comunitario.

– Se recomienda verificar el involucramiento, la consulta y la participación de la comunidad durante el proceso de gestión de calidad de las operaciones de desminado humanitario.

– Las comunidades muchas veces tienen la información sobre dónde están las minas y los restos explosivos de guerra en sus territorios. Por esta razón, se debe recoger de manera cuidadosa la información brindada por la comunidad sobre este tema. Para ello, es necesario tener en cuenta el contexto de seguridad local, tomando medidas en contra de la estigmatización de la población, y brindando garantías de seguridad en el marco del estudio no técnico y durante todo el proceso de desminado humanitario.

La priorización y los procesos de implementación deben construirse desde los territorios con transparencia y enfoque diferencial.

– El desminado humanitario debe ser a favor de la comunidad y, en consecuencia, adaptarse a cada contexto, zona y a su historia del conflicto. En especial, se recomienda prestar atención a los territorios fronterizos.

– La priorización debe ser construida desde los territorios, fortaleciendo las capacidades regionales; en particular, a las autoridades locales, tradicionales, y las organizaciones de base. Reconociendo la tierra como víctima, la priorización debe tener en cuenta los usos culturales y ancestrales de la tierra.

– Además se requiere tener un enfoque diferencial de manera transversal en el proceso de desminado, considerando las diferentes necesidades y prioridades de indígenas, afros y campesinos, hombres y mujeres, adultos, niños/niñas y sobrevivientes.

– El Gobierno Nacional debe reconocer los procesos y espacios de paz e iniciativas locales de desminado en la formulación de estrategias nacionales y la priorización de las zonas.

– El análisis de las condiciones de seguridad debe ser realizado desde lo local y no desde lo militar. Es indispensable que la priorización se construya con base en criterios claros y transparentes para facilitar la toma de decisiones.

– Se deben crear espacios regionales de socialización y convalidación de la priorización, en los cuales se discuta con transparencia la intención económica, social, política y militar de la priorización de las zonas para el desminado humanitario. Esto con el fin de evitar suspicacias en términos de la posibilidad de que el desminado beneficie proyectos de agroindustria o minero-energéticos y no a la población vulnerable.

– Se deben construir alternativas para los municipios no priorizados, como intervenciones de desminado humanitario en emergencia, realizado por las organizaciones civiles acreditadas, que respondan a necesidades puntuales e inmediatas de las comunidades; por ejemplo, las escuelas y sus alrededores.

– Las comunidades deberían poder aportar criterios y decidir sobre quiénes desminan en su territorio. Cada institución o agencia de desminado implementa una metodología de trabajo y esta le puede corresponder mejor a una u otra comunidad.

– Se debe analizar el impacto del desminado militar humanitario frente al del desminado civil humanitario, sobre todo en zonas muy golpeadas por el conflicto.

– Como ya se está haciendo, miembros de las comunidades y sobrevivientes, también pueden recibir formación para poder participar en el trabajo de desminado.

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Intervención de Reinel Barbosa, coordinador de la Red Nacional de Sobrevivientes de MAP, MUSE y personas víctimas con discapacidad. Foto CCCM

El desminado humanitario debe ser un proceso integral que vaya más allá del desminado, y que contemple aspectos de desarrollo basados en los planes de vida y de desarrollo de las comunidades.

– El desminado humanitario debe venir acompañado de soluciones integrales y de largo plazo para las comunidades beneficiadas, las cuales incluyan propuestas de empleo, emprendimiento, infraestructura, justicia, salud y educación.

– El desminado humanitario debe armonizarse con las comunidades y sus propios planes de vida y de desarrollo.

El desminado humanitario debe ser un proceso de acción integral contra las minas.

– Los procesos de desminado humanitario deben integrar los otros elementos de la acción integral contra las minas, como la atención a víctimas y la educación en el riesgo de minas.

– Es necesario que constantemente haya información sobre los avances del desminado. En muchas ocasiones, debido a la cercanía con el proceso de desminado, la gente, que por mucho tiempo tenía comportamientos seguros, se va confiando y no toma todas las precauciones como antes. La señalización tiene un papel importante para evitar accidentes mientras el proceso de desminado avance.

– La señalización debe tomar en cuenta y respetar los usos, costumbres y simbología propia de las comunidades.

– Debe haber una atención integral a las víctimas que incluya aspectos de desarrollo, rehabilitación psicosocial y económicos.

– Todos los operadores de desminado humanitario deben obligatoriamente respetar e implementar los estándares nacionales e internacionales.

El desminado humanitario debe verse como un elemento que facilite la reconciliación, integrando a todos los actores claves.

– Se deben crear espacios humanitarios donde todos los actores puedan contribuir al desminado humanitario con todas las garantías de seguridad para la comunidad y para quienes desminan.

– Se deben tomar todas las medidas para que el desminado humanitario no termine fortaleciendo a otros actores armados todavía presentes en el territorio. En ese sentido, si no se soluciona el fenómeno del paramilitarismo, este se convertirá en la gran amenaza en contra del proceso de desminado humanitario.

– El desminado humanitario puede contribuir a la reconciliación no solo entre las partes del conflicto, los actores armados no estatales y la comunidad, sino también entre la comunidad y el Estado.

– El desminado humanitario es un empleo digno que facilita la reintegración de los y las excombatientes en la sociedad. Nunca debe ser considerado como una pena.

– En la planeación de las actividades de desminado humanitario y las demás actividades de la acción integral contra minas a las cuales se pretende vincular a excombatientes, se deben tener en cuenta los diferentes retos que existen al incluir a las personas que se desmovilizaron de manera individual y las que dejarán las armas de manera colectiva.

– En este contexto sensible se deben fortalecer los mecanismos y estrategias de comunicación y la pedagogía de paz.

 Se recomienda a las partes la realización de una audiencia pública que permita a las comunidades del Orejón y Santa Elena, a los operadores, sobrevivientes, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades locales, departamentales y nacionales y demás interesados, participar en una evaluación de cierre conjunto del proceso de desminado del Orejón.

Esperamos que con la implementación gradual de estas recomendaciones se cumpla el objetivo de fortalecer la participación de las comunidades en los procesos de desminado humanitario, como un aporte fundamental a la consolidación de la paz en todos los territorios.

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