Dec 1, 2015

Conclusiones del Foro “Tierras y contaminación por armas ¿un desafío para la restitución?”

FORO. Tierras y contaminación por armas
[Conclusiones del Foro “”Tierras y contaminación por armas ¿un desafío para la restitución?”]

El Objeto de la Ley 1448 de 2011 dice: “ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

En este párrafo de principios se encuentra establecida muy detalladamente la posibilidad del goce efectivo de derechos y la garantía de no repetición para las víctimas del conflicto, entre ellas, aquellas personas que fueron despojadas de sus tierras.

Es por ello que la Ley contempla, dentro de las medidas que pretenden beneficiar a las víctimas, un proceso de restitución de tierras, el cual fue incluido en su Capítulo III.

Este capítulo, en específico el Artículo 72 [1], resalta la obligación del Estado de procurar todas las medidas que se requieran para devolver a los despojados y desplazados las tierras arrebatadas y, en caso de no ser esto posible, procurar una compensación. 

El caso colombiano presenta un difícil reto para dar cumplimiento a la restitución debido a la contaminación por explosivos que se encuentran diseminados en diversas zonas de la geografía nacional.De acuerdo con la base de datos de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA), adscrita al Ministerio del Post Conflicto, 31 de los 32 departamentos del país han registrado eventos por minas antipersonal o municiones sin explotar. Lo anterior sin querer decir que en todo el territorio de estos departamentos ni sus municipios se encuentran contaminados. Sin embargo, la realidad es que el grado de contaminación no se conoce y solo se puede saber si hay o no minas antipersonal o municiones sin explotar por los accidentes o incidentes ocurridos y registrados.

Dada la incertidumbre planteada, cumplir con los postulados de restitución se hace complejo, más aún cuando se sale del espíritu de la Ley el regresar una tierra que puede causar la revictimización de una persona que fue despojada por eventos del conflicto.

Igualmente, la Convención de Ottawa o Convención para la Prohibición de las Minas Antipersonal, adoptada por Colombia como Ley 554 de 2000, plantea en su Artículo 5 que se deben tomar todas las medidas para asegurar que no ocurran más accidentes, mientras se desarrolla un desminado total del territorio contaminado [2]

¿Se debe entonces detener la restitución hasta que se lleve a cabo el desminado del país? ¿Es viable un desminado en los tiempos estipulados para el cumplimiento de la Ley (año 2021, si no se realizan prórrogas)?

Este obstáculo fue el eje de discusión de los participantes en el Foro TIERRAS Y CONTAMINACIÓN POR ARMAS ¿Un desafío para la restitución?, desarrollado en la ciudad de Bogotá el 17 de noviembre de 2015 por la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Los panelistas, dentro de quienes se encontraban representantes del Alto Gobierno, de ONG y responsables del tema de desminado humanitario, realizaron diversos planteamientos como, por ejemplo, priorizar zonas concretas de alto impacto para la comunidad y no municipios enteros en la adjudicación de territorios para el desminado humanitario, entender que los tiempos de este proceso no pueden desligarse de los de la restitución de tierras y promover el papel activo de la comunidad en los pilares de la Acción Integral contra Minas.

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[1] ARTÍCULO 72 de la ley 1448 de 2011. “ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS. El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente.”

 

[2] Artículo 5, Capítulo 2 de la ley 554 de 2000: “Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas…”

 

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