Dec 14, 2015

Sobrevivientes de MAP de Santander se reúnen en el primer encuentro departamental tras siete años

Foto CCCM
Foto CCCM

Alrededor de 30 sobrevivientes de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE), artefactos explosivos improvisados (AEI) y remanentes explosivos de guerra (REG) de Santander se reunieron los pasados 3 y 4 de diciembre en San Gil, en el primer encuentro departamental tras siete años.

Financiado por la Gobernación de Santander y organizado por la Campaña Colombiana Contra Minas, fueron los propios sobrevivientes los encargados de elaborar un cronograma que contara con la participación de las instituciones y entes departamentales clave para resolver su falta de atención integral.

“Hace siete años no teníamos un encuentro departamental y para nosotros es muy importante para visibilizar a las víctimas, sus necesidades, sus preocupaciones, construir con ellos propuestas. Es importante también no solo por encontrarnos con las víctimas, sino para localizar a nuevas que estaban olvidadas en los municipios para poderlas rescatar y unirlas a este proceso de visibilización”, valoró Guillermo Gil, coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) en el departamento de Santander.

Entre las reivindicaciones de los sobrevivientes se encuentran las dificultades para poder obtener una pensión de invalidez, ya que dada su condición de discapacidad a raíz del accidente, muchos de ellos, cabeza de familia, no tienen opciones de generar fuentes de ingresos para su núcleo familiar. Esto les lleva a una situación de alta vulnerabilidad que en ocasiones puede conducir a crisis alimentarias.

“El tema de Colpensiones todavía hay que dialogarlo, nos dieron a entender que es un subsidio y solo prevalece hasta que la víctima está viva, cuando fallece inmediatamente se termina el subsidio. La invitación a las otras organizaciones es que sigamos luchando con todas las herramientas que nos da la legislación colombiana e internacional para que esto no se quede solamente en un subsidio y sea verdaderamente una pensión porque si llegara a fallecer la víctima, generalmente cabeza de hogar, la familia queda totalmente desamparada”, explicó Miguel Cuellar, sobreviviente y secretario de la Asociación de Sobrevivientes Nueva Vida (ASUNUVI), de Santander.

El acceso a un servicio de salud de calidad y la obtención y renovación de prótesis es otra de las preocupaciones de los sobrevivientes del departamento, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con un representante de la Secretaría de Salud de Santander, a quien denunciaron las largas esperas para obtener una cita con un especialista o la renovación de sus prótesis.

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En un acto espontáneo, varios de ellos se sacaron la prótesis para mostrar el estado tan deteriorado en el que se encontraban, pese haber acudido en varias ocasiones a las EPS para reclamar una nueva.

“Se hizo un llamado de atención a la Secretaría de Salud departamental para que haga cumplir la normatividad y exija a las EPS que atiendan a las víctimas como es debido”, agregó Cuellar.

Durante la primera jornada también participó Patricia Echeverri, del Centro Nacional de Memoria Histórica, con quien la CCCM adelanta un proyecto de recuperación de la memoria a través de la conservación y archivo de la documentación clave que ha acumulado la organización en el departamento durante los últimos 15 años. Asimismo, los voluntarios de la CCCM trabajan actualmente en la recopilación de historias de vida para que esas vivencias formen parte de la memoria colectiva nacional.

Por la tarde, los sobrevivientes se dividieron en varios grupos de trabajo de acuerdo con los intereses particulares de cada uno, donde pudieron conversar con representantes de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Unidad de Víctimas, al tiempo que se les ofreció asistencia psicosocial.

“Este encuentro es el resultado de un esfuerzo continuo. La jornada fue excelente y ese era el objetivo, tener un intercambio de experiencias y situaciones. Estamos frente a una coyuntura política de cambio, donde nosotros vamos a llegar a hablar con el alcalde y gobernador para comentarle los requerimientos de las víctimas respecto a Estado y las instituciones”, expresó Rosmira Castro, coordinadora de Derechos Humanos de la Gobernación de Santander.

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“Con la Dirección para la Acción Integral Contra Minas, la DAICMA, hemos hablado de la importancia de gestionar unos recursos para que más o menos en el primer semestre del año entrante a más tardar, podamos hacer un encuentro muchísimo más grande, con más apoyo económico y voluntad política para hacer un trabajo más integral”, agregó.

En el evento, también estuvieron presentes, representantes de la DAICMA y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), quienes destacaron que debe ser el Estado el encargado de responder por las necesidades de los sobrevivientes.

“Es un encuentro de reconciliación. Tenemos víctimas civiles, militares, que en este momento pertenecen a la asociación Fundahéroes y que tienen las mismas preocupaciones de una víctima civil; pero también tenemos víctimas de minas que han sido explosivistas de grupos armados que ahora son civiles, pagaron sus condenas, y tienen las mismas necesidades.  Y encontrar a esos tres tipos de víctimas es muy importante, poder compartir con ellos y poder construir con ellos una Colombia en paz”, consideró Gil.

“Los sobrevivientes están pasando a otro nivel de empoderamiento de sus derechos. Tenemos varios líderes de varias asociaciones de víctimas que la Campaña Colombiana Contra Minas ha venido apoyando en todo este proceso y que ellos mismos están asumiendo algunas de las tareas que nosotros teníamos”, reconoció el coordinador de la CCCM en el departamento.

En ese sentido, destacó el encuentro que varios líderes de asociaciones de sobrevivientes de MAP, MUSE, AEI y REG realizaron el pasado mes de noviembre en el municipio de Rionegro, en el cual elaboraron un documento con las principales inquietudes que tienen como colectivo y varias propuestas para hacerles frente.

En el encuentro departamental se alimentaron estas propuestas, que los sobrevivientes esperan poder entregar al nuevo gobernador de Santander, Didier Tavera, en el inicio de su mandato en 2016, para que sean incluidas en el plan de desarrollo departamental y en los municipales.

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