Nov 11, 2015

“Los sobrevivientes de accidentes de minas antipersonal son una población invisible”

Foto CCCM
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Entrevista a Reinel Barbosa, coordinador de la Red Nacional de Sobrevivientes de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE), artefactos explosivos improvisados (AEI) y personas víctimas con discapacidad

Por María Alejandra Solano Quesada, estudiante de comunicación social y periodismo de la Universidad de La Sabana.

Reinel Barbosa es un metense de 29 años que se trasladó a Bogotá huyendo de la violencia hace 10 años. En una visita familiar durante sus vacaciones de Semana Santa en la vereda el Diamante, en el municipio de Uribia (Meta), Reinel regresa de bañarse en el río cuando sin darse cuenta activa una mina antipersonal. El accidente le causó la amputación de su miembro inferior izquierdo y, con ello, nacieron sus ansias de hacer algo para mitigar el dolor y ayudar a las personas que, como él, habían sido víctimas del conflicto armado en el país.

Su proyecto de vida cambió significativamente, empezando por que ya no podía correr y tenía que depender de una prótesis para poder movilizarse. “Correr es parte integral del ser, es como tener un ave sin alas, es limitar en gran medida las capacidades de una persona”, dice Reinel. Empezó a estudiar ingeniería de sistemas y a participar en los espacios que ofrece la Ley 1448 para las víctimas del conflicto armado. Así, logró ser miembro de la Mesa Nacional de Víctimas hasta marzo de este año, lo que le permitió participar de una de las delegaciones que viajó a la mesa de conversaciones de paz en La Habana para hablar con los negociadores del Gobierno y de las FARC.

Actualmente es el coordinador de la Red Nacional de Sobrevivientes de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE), artefactos explosivos improvisados (AEI) y personas víctimas con discapacidad, una organización que nació en diciembre de 2013 con la ayuda financiera de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL, por su sigla en inglés) y el apoyo del Ministerio de Salud, la Unidad de Víctimas, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (DAICMA), la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y otras organizaciones comprometidas con la atención a víctimas del conflicto. Una organización conformada por las asociaciones de personas que han sufrido accidentes con alguno de estos artefactos y sus familiares en 9 departamentos del país y a la que Reinel le dedica hoy gran parte de sus esfuerzos.

¿Cómo y por qué nació la red?

Había una necesidad de articular el trabajo que estábamos desarrollando varias asociaciones de sobrevivientes, ya que nos dimos cuenta que cuando trabajábamos independientemente no podíamos avanzar en nuestros objetivos.  También por la necesidad que existe de visibilizar a los sobrevivientes de accidentes de minas antipersonal, son una población invisible, muy poco se les presta atención. Y por último por las graves afectaciones que tiene esta población y la necesidad de atención que requieren. El objetivo de la red es poder trabajar articuladamente con otras organizaciones y asociaciones de víctimas que existen en diferentes departamentos del país y avanzar con base en unos objetivos específicos para transcender en materia de políticas públicas. En estos momentos estamos trabajando alrededor de cuatro objetivos: la generación de ingresos, el acceso a una vivienda, la reparación administrativa y la obtención de una pensión de invalidez para las víctimas del conflicto armado.

 

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¿Cuántas organizaciones hacen parte de la red y como están distribuidas a nivel nacional?

Somos 10 organizaciones distribuidas en 9 departamentos. Por cada organización hay entre 25 y 50 personas. Actualmente estamos haciendo seguimiento a los casos de 85 sobrevivientes y sus núcleos familiares frente a la restitución de derechos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá D.C., Caquetá, Cauca, Huila, Santander, Norte de Santander y Meta.

¿Cómo es el organigrama interno para articular las necesidades departamentales en un reclamo nacional?

Los ejes de la organización se trabajan a través de una secretaria técnica y una coordinación general, de allí se desprenden las coordinaciones departamentales. Cada departamento tiene un vocero y esa persona encargada de mostrar los avances que se han obtenido y en lo que se viene trabajando en cada región.

¿Se necesita de algún requisito o proceso para que la víctima pueda hacer parte de la red?

Todos pueden hacer parte siempre y cuando sean integrantes de las asociaciones y estas asociaciones están en los departamentos. Realmente trabajamos con víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, además de personas víctimas con discapacidad, aunque si hay cruce de algunos otros hechos victimizantes,  no tenemos ningún lio en incluirlos, pero realmente el trabajo se centra en esta población en específico.

¿Qué beneficios aporta el trabajo articulado en red?

Cuando las organizaciones se fortalecen logramos avanzar en los objetivos de las personas asociadas. La información que cada vocero recoge en su departamento nos la hace llegar y automáticamente la transmitimos a la institucionalidad. Por ejemplo, si estamos ayudando a un sobreviviente en temas de indemnización, vamos a la Unidad de Víctimas para que se den las discusiones; si estamos haciendo seguimiento jurídico en el departamento, acá en la capital vamos y  hablamos con las diferentes entidades que se requiera para avanzar en la restitución de los derechos de la población víctimas con discapacidad.

También, como ya nos hemos familiarizado con todos los procesos, llevamos la información y acompañamos a las víctimas para que ellas puedan hacer sus procesos de exigibilidad de derechos. Por ejemplo,  si las tutelas no tienen respuesta, entonces, les ayudamos a buscar un recurso adicional, un desacato o un incidente de desacato para resolver de fondo sus pretensiones.

¿Qué logros han obtenido alrededor de los cuatro objetivos en los que se basa su trabajo?

Hemos logrado cohesionar a las víctimas, antes cada organización iba por su lado y hacia lo que podía, pero ahora estamos muy activos haciendo un trabajo conjunto. En materia de reparación administrativa hemos tenido unos avances significativos y es la priorización a través de la Resolución 0-90 sobre el acceso a pensión por parte de las víctimas de minas antipersonal.

Con el tema de pensiones ya están establecidos los lineamientos por parte de Colpensiones, creemos que hay que hacerle unos ajustes pero logramos que esta entidad se encargue de hacer la calificación de invalidez, pues antes les tocaba a las víctimas por su propia cuenta y no tenían los recursos para hacerlo, ahora la entidad se encarga de esto.

 

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¿Cuáles son los actuales retos?

En cuanto a la generación de ingresos estamos discutiendo con el Departamento de Prosperidad Social sobre el presupuesto que se le dará a cada víctima para que empiece un negocio productivo, pues ellos nos dicen que les van a dar 1.500.000 pesos a cada uno para generar un autoempleo y nosotros creemos que eso no es viable y no es sostenible porque con eso no se puede montar una empresa o un proyecto productivo que pueda trascender en la generación de ingresos para un núcleo familiar. En tanto, encontramos que en el decreto 1391/2011 se reglamenta el capital semilla  para proyectos productivos en el caso de los reinsertados donde se les garantizaría ocho millones de pesos por proyecto productivo, por lo tanto, creemos que debe ser equitativo para las víctimas.

Necesitamos que las personas realicen un proyecto que sea sostenible en el tiempo, que hagan lo que les gusta y saben hacer. Hace poco nos hicieron una propuesta de 3 millones de pesos pero tampoco la aceptamos porque sigue siendo muy mínimo para emprender un proyecto que nos genere ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente.

Cuando logremos llegar a establecer un lineamiento entre las partes, vamos a conseguir no solo que esta sea una línea para los 85 casos a los que les estamos haciendo seguimiento, sino que sea una política pública para todo el resto de población víctima y en condición de discapacidad.

La vivienda también es una cuestión apremiante, tenemos próximamente una reunión con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura  y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para mirar este tema, tanto en el ámbito rural como urbano. En cuanto a la reparación administrativa, la UARIV se comprometió a hacerla efectiva en los próximos días porque los núcleos familiares que sean priorizados a través de este método serán también priorizados en la ruta integral, que incluye vivienda, salud, educación, etc.

También es nuestro reto ajustar algunos requisitos de Colpensiones en la Ley 418, pues le piden a la víctima certificaciones sobre el accidente hechos por los personeros o alcaldes de la época, entonces si una víctima le ocurrió el hecho hace 10 años y el alcalde ya no existe o no vive cerca, la víctima por falta de ese documento estaría limitada a ese derecho. Lo que proponemos es que en materia de víctimas el responsable de certificarlas sea la UARIV.

¿Qué actividades han realizado hasta la fecha y cuáles tienen programadas?

Hemos realizado encuentros para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas con todas las asociaciones. En este momento estamos avanzando en el tema de la caracterización y el fortalecimiento de las capacidades para el trabajo colectivo y la legalización de algunas organizaciones que no están legalmente constituidas, como las de Huila, Antioquia  y Meta.

¿En algún punto ha decidido o ha ocurrido algo que le haya hecho desistir del proyecto?

No, nunca, pero si he estado en momentos que he dicho: “esto está muy difícil”, porque la institucionalidad se mueve a un ritmo muy lento y tortuoso entonces eso hace que uno se desgaste.

¿En qué medida la red se constituye también como una plataforma de apoyo mutuo?

Sí, esto tiene que ver con un proceso que se ha impulsado en otros escenarios y países y que lo llaman apoyo entre pares o apoyo entre iguales. En la medida en la que tenemos una condición especial tenemos la facilidad de interactuar más fácil con nuestros iguales y darle más motivación, decirles que aún en la condición que están tienen la posibilidad de seguir. Lo aplicamos de forma cotidiana en encuentros con sobrevivientes o en visitas que se realizan a los sobrevivientes en los hospitales o en sus hogares.

 

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¿Cómo fue la experiencia en La Habana y qué conclusiones sacaste de los diálogos que se llevan acabo entre el Gobierno y las FARC?

Fue una experiencia muy bonita, no por el paseo sino por lo que uno puede percibir en ese espacio y ver cómo los que están dirigiendo la guerra de ambas partes pueden tomar del mismo café, compartir la misma mesa y conversar los mismos temas en el marco del respeto mutuo; en últimas, no son tan diferentes a nosotros. Eso hace que uno cambie mucho de perspectiva acerca del proceso de paz. Yo al principio tenía muchas dudas sobre los diálogos porque había tenido la oportunidad de ir a varios departamentos donde el conflicto estaba muy activo. Poco antes de viajar estuve en Arauca, donde habían detonado unas motos bombas, llegábamos a Tame y había un señor llorando al lado de su camión quemado, era bastante triste ver esa realidad y luego llegar a una mesa donde todo es paz y amor, es una experiencia sin precedentes.

Luego tuvimos la oportunidad de hablarle tanto al Gobierno como con las FARC sobre lo que nosotros creemos que debe ser el proceso, las propuestas que deben ser incluidas en la agenda y todo lo que ha sido el conflicto y cómo lo hemos vivido nosotros desde los territorios y desde nuestra experiencia, eso fue bastante positivo.

¿Cuáles fueron las principales peticiones  y  sugerencias que les hicieron a los mediadores?

Básicamente les dijimos que se debe exigir el cumplimiento de cada punto que está en el acuerdo, decirles que la reparación integral a las víctimas debe estar por encima de cualquier cosa, por lo menos en tres casos: vivienda, generación de ingresos y reparación administrativa. En segundo lugar propusimos que las víctimas del conflicto armado que adquieran una pérdida de la capacidad laboral mayor o igual al 30 %  en el marco del conflicto armado se les asigne una pensión como parte de su reparación integral que les garantice un mínimo vital.

El tema de la verdad en Colombia también es muy importante porque no es solamente la verdad dicha desde los victimarios, sino que sea una verdad recogida desde los diferentes actores que hicieron parte de una violación a los derechos humanos.

El tema del seguimiento de los acuerdos fue algo en lo que también enfatizamos porque en Colombia violamos la Constitución, la Ley, los decretos, las resoluciones, lo que sea, entonces tiene que haber una garantía de que se cumpla eso que se acuerde, porque si no se cumple lo que se va a hacer es generar una oleada de violencia generalizada peor que la que estamos padeciendo ahora.

Se propuso la depuración de las instituciones gubernamentales dado el alto nivel de corrupción y la ineficiencia de la Justicia.

Otro tema que planteamos fue el de la atención psicosocial donde no solo se incluya a las víctimas, sino también a los victimarios y a las madres, ya sea de los victimarios o de las víctimas, porque aunque la madre del policía no sea reconocida como víctima, ella si está sufriendo y guarda rencor y eso podría prolongar el conflicto en cierta medida.

Y el tema de desminado humanitario, un punto muy importante para nosotros, se propuso un acuerdo parcial de desminado con la participación del Gobierno y de las FARC en donde pueda generarse un proceso de reconciliación y desescalamiento del conflicto en la medida en que se empiecen a limpiar los campos que están infestados de minas.

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