Jun 10, 2014

La Corte Constitucional exige medidas para atender a discapacitados víctimas del conflicto

Foto Corte Constitucional
Foto Corte Constitucional

La Corte Constitucional reiteró la necesidad de incorporar un enfoque diferencial en discapacidad que sea transversal a toda la política pública sobre desplazamiento forzado, de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y los estándares legales y constitucionales dispuestos.

El anuncio lo dio el alto tribunal, luego de que varios informes le fueran presentados por el Gobierno y organizaciones de personas en discapacidad, organismos sociales y de control, evidenciando que “aún persiste una grave situación de invisibilidad y abandono de las personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, que se evidencia en la falta de adopción de medidas (adecuadas, idóneas y pertinentes) dirigidas a garantizar el goce efectivo de sus derechos”.

De acuerdo con la Corte, “esto se estaría presentando pese a los logros alcanzados, los esfuerzos presupuestales realizados y de las modificaciones introducidas en el marco de la Ley 1448 (Ley de Víctimas)”. Por ejemplo[1], la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otros, presentaron esta semana el informe de la Unidad para las Víctimas “que muestra que en los últimos dos años sigue disminuyendo el número de afectados por desplazamiento forzado a causa del conflicto armado”. Para finales de 2014, de las 5.537.883 personas desplazadas incluidas en el Registro Único de Víctimas, el 6,3% corresponde a los años 2012 (206.504 personas) y 2013 (142.181 personas). El 93,7% restante equivale a desplazamientos ocurridos entre 1985 y 2011, año en que se aprobó la Ley de Víctimas. Según Paula Gaviria, directora general de la Unidad “durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se verifica un descenso del 46,7% en el número de personas afectadas por el conflicto con respecto del cuatrienio anterior”.

El máximo tribunal, por lo tanto, ordenó la adopción de medidas para evitar que esta situación se perpetúe y exhortará a las entidades encargadas de la atención, asistencia y reparación integral a las personas en situación de desplazamiento forzado, que adopten las medidas idóneas, efectivas e inmediatas para garantizar el goce efectivo y pleno de sus derechos.

Medidas ordenadas por la Corte Constitucional

Por falencias en la información de personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, existiría un obstáculo para su plena identificación y caracterización, así como, para el diseño e implementación de programas dirigidos a ellos. Por consiguiente, la Corte le ordenó a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, realizar la homologación de variables entre las distintas bases de datos que se han utilizado para identificar a esa población.

Se deberá presentar un informe que contenga: la identificación de los problemas que dificultan la inclusión de un enfoque diferencial en discapacidad transversal a la política pública sobre desplazamiento forzado, las medidas adoptadas para suplirlos, y una propuesta del Gobierno Nacional para transversalizar el enfoque diferencial de discapacidad en la política pública sobre desplazamiento forzado.

Se deberá priorizar la realización del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas a las personas con discapacidad y a aquellos mayores en situación de desplazamiento forzado, para conocer las necesidades y barreras específicas que enfrentan.

Se deberá diseñar e implementar una estrategia de búsqueda de personas de esta población, para direccionarlas a la oferta institucional. Con el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (PAICMA), se desarrollará una estrategia de acceso por oferta a la ruta de asistencia, especialmente para personas con discapacidad y personas que hayan tenido accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, personas mayores y sus familias. La estrategia será incluida en los planes de acción territoriales para darle aplicación a nivel territorial.

Según la Corte, todo lo anterior busca responder a: la necesidad de contar con mecanismos de atención psicosocial para esta población, garantizar la rehabilitación integral, la educación para niños, niñas y adolescentes, la inclusión laboral acorde con los intereses y proyectos de vida, la capacidad jurídica e igual reconocimiento, incluir medidas de prevención en materia de violencia sexual y garantizar la inclusión del enfoque poblacional.

El alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud, de la Protección Social y a la directora de la unidad para la atención a las victimas que articulen la política publica de asistencia, con la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y las políticas dirigidas a garantizar el acceso a las personas con discapacidad a educación, cultura, salud y trabajo, para dar respuesta a los retos de goce efectivo de los derechos de las personas desplazadas y víctimas del conflicto armado.

La Corte, finalmente, instó al Consejo Nacional de Discapacidad a que “verifique el cumplimiento de esta orden y promueva la apropiación presupuestal correspondiente en las entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para garantizar la aplicación del enfoque diferencial en discapacidad y desplazamiento forzado”.

La ponencia del auto fue presentada por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[1] Tomado de www.unidaddevictimas.gov.co Corte Constitucional reconoce “avances” en la atención a población desplazada [http://bit.ly/1hPoloA] 11-06-2014.

Para leer el auto haga clic aquí.

Para mayor información:

Lea. Víctimas permanecen en la Plaza de Bolívar reclamando sus derechos.

Lea. Víctimas solicitan acompañamiento y protección de organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

Lea. Víctimas y Gobierno llegaron a un primer acuerdo.

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