Jun 10, 2015

El Consejo de Estado condena a la Nación por la muerte de un menor a causa de una mina antipersonal

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Por Angélica Suárez, abogada de la Campaña Colombiana Contra Minas

El pasado 1 de julio, el Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños ocasionados a un menor que falleció a causa de una mina antipersonal cuando jugaba fútbol el 2 de abril de 1997, en una cancha del barrio Las Granjas, en Barrancabermeja (Santander).

La declaración de responsabilidad administrativa se configura por la exigencia del interés general, esto quiere decir que en casos como este el Alto Tribunal consideró que se debían adoptar todas las medidas razonables para prevenir estos daños a la población civil. Para lo cual analizó tres escenarios: peligro, amenaza y daño.

Esta responsabilidad viene configurada con la firma de Tratados que Colombia tiene en la materia, como lo es la Convención de Ginebra de 1980 (Ley 5 de 1960), el Protocolo II (Ley 469 de 1999) y la Convención de Ottawa (Ley 554 de 2000).

Sin embargo, al ser este último instrumento aprobado luego de los hechos acaecidos, el Alto Tribunal aclaró que estas normas se reconocen en el numeral 2 del artículo 214 Constitucional, que fundamenta que sin la necesidad de ratificación previa o expedición de norma reglamentaria estas normas deben ser respetadas y protegen de manera directa a la población en el respeto a la dignidad humana, operando así mismo el principio de humanidad.

Además, en una sentencia del 22 de febrero 2014, Exp. 28417, con el propósito de incluir una discusión acerca del proceso de paz, el H. Magistrado Enrique Gil exhortó al presidente Juan Manuel Santos, como autoridad en las negociaciones con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a que incluyera como un punto concreto la problemática de las minas antipersonal.

En esta sentencia el Consejo de Estado reconoció que, si bien este hecho no garantiza la eliminación del problema en el corto o mediano plazo, era imperativo incluir esta discusión en los diálogos de paz para eliminar de manera completa este rezago de la guerra, que se extendería hasta el posconflicto y cuyo despeje daría en cierta medida cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario.

Del mismo modo, en la sentencia se ordenó al Centro de Memoria Histórica incluir esta resolución en el registro sobre violaciones a los derechos humanos, bajo custodia del Archivo General de la Nación, como paradigma del beneficio otorgado a las víctimas de su derecho a la memoria.

El Alto Tribunal señaló, además, que es un deber convencional de las autoridades velar por la protección de los niños. En sus argumentos, la Policía Nacional incumplió con este deber al dejar desprotegidos a los menores en una zona con presencia de minas. Por el contrario, la defensa insinuó que fue culpa exclusiva del menor y de la población, lo que evidencia un desconocimiento del deber del Estado a nivel Convencional de limpiar las zonas minadas y de proteger a la población civil de los efectos del conflicto.

Por esta razón, se instó también a la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA) del Ministerio del Posconflicto a agilizar las directrices para el desminado en todo el territorio, ya que la presencia de estos artefactos ha causado daños a la población civil y militar, pero de manera especial a los menores de edad.

Por último, si bien la responsabilidad del Estado está demostrada en este caso, el grupo subversivo incumplió de manera evidente las Convenciones ya relatadas, ya que usar minas antipersonal para delimitar zonas de influencia y control viola las normas del Derecho Internacional Humanitario, hecho reprochable que debe ser denunciado al infringir de manera dolosa estas normas.

El Consejo de Estado ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de que en el proceso de paz que se adelanta en Cuba se incluya como un punto concreto la problemática de las minas antipersonal. Además, ha hecho un importante pronunciamiento sobre los derechos humanos de las víctimas de estos artefactos y un análisis sobre las obligaciones que se imparten a los combatientes en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Esta sentencia del Alto Tribunal Administrativo es importante, además, porque incluye responsabilidades para el Centro de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (DAICMA) del Ministerio del Postconflicto, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Departamento de Desarme de las Naciones Unidas, con el objetivo de garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas, tomando una serie de medidas simbólicas y conmemorativas que no sólo incluyen a las víctimas de este caso, sino a todas, como parte de una serie de medidas generales para que estos hechos sean visibles.

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